Mañana se cumplirán 30 años del primer plebiscito uruguayo

Uruguay cumplirá mañana 30 años del primer plebiscito en democracia de su historia, el de 1989, en el que el voto favorable a mantener la Ley de Amnistía sancionada tres años antes le ganó al que buscaba revocarla, una compulsa que también marcó una división aún vigente y muy marcada entre Montevideo y el interior del país.

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El Congreso uruguayo había sancionado durante la presidencia de Julio María Sanguinetti la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, conocida simplemente como Ley de Caducidad y llamada Ley de Impunidad por las organizaciones que se opusieron a dejar en el olvido las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura 1973-1985.

La amnistía suponía para la flamante gestión de Sanguinetti una salida a un problema inminente: los militares ya habían anunciado que desobedecerían cualquier llamado de la justicia, por lo que primero se planteó que fuera la Justicia Militar la que juzgara esos crímenes y, más tarde, se impulsó que lo hiciera directamente la Corte Suprema.

Como ninguna de las variantes terminaba de resolver el problema, el gobierno del Partido Colorado jugó la carta más fuerte: el 20 de diciembre presentó el proyecto de amnistía en el Congreso, el 21 lo votó el Senado y un día después Diputados. Lo aprobaron los colorados y algunos blancos.

Casi en simultáneo con la promulgación, organizaciones defensoras de los derechos humanos lanzaron una campaña para juntar firmas y lograr un referendo, mecanismo contemplado por la Constitución.

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Un largo proceso

 

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Familiares de Detenidos-Desaparecidos, la central obrera PIT-CNT, estudiantes, el Frente Amplio y algunos sectores blancos se comprometieron a recolectar el apoyo del 25 por ciento del padrón, poco más de 500 mil.

Se conformó la Comisión Nacional Pro Referéndum, que encabezaron Matilde Rodríguez Larreta y Elisa Dellepiane, viudas de Héctor Gutiérrez Ruiz y Zelmar Michelini, dos muertos emblemáticos.

“Fue un esfuerzo sin precedentes de parte de los familiares, sobrevivientes, activistas de derechos humanos, los sindicatos y la sociedad en su conjunto, con el apoyo de algunos sectores políticos, que permitió instalar el tema del pasado reciente”, reseñó Francesa Lessa, investigadora de la Universidad de Oxford especializada en el Plan Cóndor.

A fines de 1987 se entregaron más de 600 mil rúbricas, como final de una enorme tarea militante que llevó a recorrer pueblos, fábricas, universidades y empresas. A último momento, la Corte Electoral pidió después ratificar casi 20 mil firmas y con mucho esfuerzo se logró.

El 16 de abril de 1989, se convocó a votar.

El gobierno y los medios hicieron una fuerte campaña en favor del voto “Amarillo”, que buscaba mantener la Ley de Caducidad. El voto “Verde”, en cambio, era para derogar la iniciativa.

Votaron amarillo 1.018.856 uruguayos (57 por ciento) y 777.221 votaron verde (43 por ciento). Montevideo se pronunció por voltear la norma, pero el interior jugó fuerte en favor de su vigencia. El resultado abrió la puerta a varios años más de impunidad.

 

Una bisagra

 

A la distancia, Javier Tassino, de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, consideró que el resultado de aquella primera consulta estuvo relacionado con el hecho de que “fue enseguida de la salida democrática” y pegó el discurso de quienes decían que “si ganaba el Sí, se volvía la dictadura”.

Hubo otra consulta en 2009, varios intentos parlamentarios y recién en 2011 el Congreso sancionó una norma de “restablecimiento para los delitos cometidos en aplicación del terrorismo de Estado hasta el 1 de marzo de 1985”, que catalogó esos delitos como de lesa humanidad.

Pero aquella primera consulta fue una verdadera bisagra en Uruguay.

“El principal logro fue que se armó una coalición muy amplia y heterogénea, unidos por el objetivo común de lograr verdad y justicia, y restablecer la nueva democracia sobre esa base”, evaluó Lessa.

“Uruguay es un país muy estructurado alrededor de las tradiciones políticas y la campaña instaló el tema de la búsqueda de verdad y justicia para toda la sociedad. Más allá del resultado, que sin duda impactó negativamente, el referendo es un hito casi fundacional para la sociedad civil”, remarcó. (Télam)