Más opositores fueron liberados en Nicaragua

El Gobierno de Nicaragua liberó a otro grupo de personas que estaban detenidas por protestar contra las autoridades, en una concesión que el presidente Daniel Ortega hizo a la oposición para evitar que naufrague el diálogo político abierto para superar la crisis que estalló el año pasado.

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Los detenidos salieron a bordo de colectivos desde la cárcel de seguridad la Modelo, en Managua, sin que el gobierno informara oficialmente sobre la cantidad de beneficiados por la excarcelación.

El Gobierno de Nicaragua había acordado esta semana con la opositora Alianza Cívica retomar las negociaciones para superar la crisis que estalló en abril pasado a cambio de la “excarcelación de un núcleo apreciable” de manifestantes presos a partir de ayer.

Familiares de los detenidos y vecinos de Managua salieron a las calles para saludar el paso de la caravana de vehículos en la que iban los liberados, informó la agencia EFE.

El Estado mantenía encarcelado al menos a 650 manifestantes antigubernamentales y cambió el régimen carcelario a otros 112 presos considerados políticos por la oposición, para un total de 762 convictos, según el Comité Pro Libertad de Presas y Presos Políticos.

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Ese comité acusa al Gobierno de utilizar “como rehenes” a los reos en las negociaciones que mantiene con la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.

El Gobierno de Ortega reconoce 340 detenidos por su participación en el “fallido intento de golpe de Estado”, como el Ejecutivo considera a las protestas callejeras que comenzaron en abril de 2018.

El 27 de febrero, cuando comenzó esta nueva etapa de diálogo político, el gobierno de Ortega había concedido otro número impreciso de excarcelaciones, en un intento para favorecer el desarrollo de las negociaciones.

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Desde el 18 de abril, Nicaragua vive una crisis sociopolítica que ha dejado entre 325 y 561 muertos, según distintas fuentes.

La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han responsabilizado al Gobierno de “más de 300 muertos”. (Télam)