Morales reclamó para impedir su proscripción en las elecciones

El expresidente boliviano Evo Morales demandó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una medida cautelar para garantizar su candidatura como legislador.

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Además, denunció que el gobierno de facto ordenó la detención de su segundo apoderado, Wilfredo Chávez, para proscribirlo, lo que fue desmentido por la Policía.

“Denunciamos ante el pueblo boliviano y la comunidad internacional que la dictadura ha instruido la detención del delegado político del MAS ante el Tribunal Superior Electoral (TSE) de Bolivia y mi apoderado, Wilfredo Chávez. Este es un atropello sin nombre que quiere proscribirnos”, escribió Morales en su Twitter.

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, Iván Rojas, desmintió que hayan emitido esa orden de detención y redujo la denuncia a “una especulación”.

Sin embargo, la denuncia de Morales resonó con fuerza dentro y fuera del país porque el domingo un juez de primera instancia dictó prisión preventiva por seis meses a Patricia Hermosa, la otra apoderada del expresidente Morales, detenida el viernes pasado por presunta complicidad en los delitos de sedición, terrorismo y financiamiento al terrorismo.

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Tanto Hermosa como Morales denunciaron que la Policía le incautó toda la documentación que necesita el exmandatario para poder presentar su candidatura a senador o diputado en las próximas horas, antes de las 18.30 (19.30 hora argentina), cuando vence el plazo legal.

Por eso, Raúl Gustavo Ferreyra, un miembro del equipo de asesores del expresidente que renunció y denunció un golpe de Estado en noviembre pasado antes de escapar del país, pidió a la CIDH que obligue al Estado boliviano a cumplir con la Convención Americana de Derechos Humanos y garantice la presentación de su candidatura.

“Bolivia es un Estado de ‘no derecho’, singularizado por el ejercicio de la fuerza bruta e irracional en la autoridad ejecutiva dictatorial”, denunció Ferreyra y agregó que “el viernes 31 de enero en un hecho bochornoso y sin precedentes, la dictadura boliviana capturó a Patricia Hermosa, apoderada de Morales” y se le “secuestró toda la documentación inherente a la presentación como asambleísta” del expresidente.

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Próximos pasos

 

Desde Buenos Aires, donde espera su status formal de refugio político, Morales agregó que denunciará al ministro de Gobierno, Arturo Murillo, por robar su cartilla militar, uno de los documentos necesarios para presentar a las autoridades electorales.

“Presenté toda mi documentación en 1997, 2002, 2005, 2009, 2014 y 2019. Fui habilitado candidato sin ninguna observación. Saben que cumplo todos los requisitos legales, por eso roban mi libreta de Servicio Militar. Quieren proscribirme para silenciarme. ¡Volveremos y venceremos!”, escribió Morales en su cuenta de Twitter.

Murillo negó que la Policía robara esos documentos y aseguró que en el momento de su arresto Hermosa solo llevaba unas fotocopias y un ordenador.

“No me preocupa la denuncia de un terrorista confeso y buscado por la justicia. Busca victimizarse”, dijo el funcionario en declaraciones al diario boliviano El Deber.

Mientras el cruce de denuncias entre el expresidente y el gobierno se vuelve cada vez más violento, el partido de Morales, el Movimiento al Socialismo (MAS), terminaba de negociar el cierre de listas para la Asamblea Legislativa y el candidato a presidente, Luis Arce, y su compañero de fórmula, David Coquehuanca, convocaron a una manifestación en el centro de La Paz para acompañar la presentación ante la Justicia de su binomio.

Además, el MAS anunció que el domingo presentarán formalmente al binomio presidencial en un acto masivo en el estadio de Sacaba, una de las principales ciudades del departamento de Cochabamba que fue escenario de una de las mayores matanzas a manos de las Fuerzas Armadas y la Policía en las semanas posteriores al golpe de Estado. (Télam)