Pedro Sánchez volvió a aprobar decretos de vivienda tras convocar a elecciones anticipadas

El Gobierno español, encabezado por el presidente Pedro Sánchez, aprobó nuevamente este martes dos decretos de emergencia sobre vivienda que habían sido rechazados por el Congreso hace cuatro días. La medida se oficializó un día después de que el mandatario convocara a elecciones generales anticipadas para el 29 de noviembre.

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Las normas mantienen el núcleo de las propuestas originales, aunque incorporan modificaciones. Ahora, deberán ser sometidas a la Diputación Permanente del Congreso, órgano que asume funciones parlamentarias tras la disolución de las Cortes.

“Estos dos decretos mantienen la esencia de los dos reales decretos que decayeron”.

Así lo afirmó Pedro Sánchez durante una rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros. El jefe del Ejecutivo justificó la decisión al señalar que las circunstancias que motivaron las medidas no han cambiado y las defendió como normas ambiciosas, razonables y necesarias.

Entre las iniciativas se destaca la ampliación hasta 2030 de la protección contra desahucios para personas vulnerables, límites a las subas de alquileres, regulación de contratos temporarios y restricciones a compras especulativas por grandes fondos. El paquete incluye incentivos fiscales, un IVA del 10 por ciento para pisos turísticos y una reducción al 4 por ciento para vivienda protegida.

Además, el Gobierno prevé un programa de préstamos de hasta 50.000 euros a interés cero para la primera vivienda, movilizando hasta 10.000 millones de euros. El rechazo previo de estos decretos, que contó con los votos en contra del Partido Popular, Vox, Junts y Unión del Pueblo Navarro, profundizó la crisis política y derivó en el adelanto electoral.

La vivienda se posiciona como eje central de la campaña, marcada por protestas sociales tras el desalojo de una mujer de 87 años en Madrid y recientes incidentes en movilizaciones en Barcelona. Mientras el Partido Socialista Obrero Español busca defender su gestión frente al Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo, la oposición calificó la maniobra del Ejecutivo como una cacicada.

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