A partir del caso Grassi, unos 66 curas fueron denunciados por abuso sexual en Argentina
Son 59 sacerdotes y tres monjas los acusados y la mayoría está sin condena. Julio César Grassi cumple una condena a 15 años de prisión por abuso sexual agravado de menores dictada en 2009.
Al menos 66 religiosos fueron denunciados por abuso desde que se conoció el caso del cura Julio César Grassi en 2002 en la Argentina, la tierra del papa Francisco, quien desde ayer conduce una cumbre de obispos contra la pedofilia en el Vaticano (ver página 20).
Recibí las noticias en tu email
Según una investigación realizada por Télam y publicada en 2017, a 17 años de aquel caso, 59 sacerdotes fueron acusados de haber cometido abusos, a los que se sumaron también tres monjas.
Pero las acusaciones siguieron sumándose y hoy esa lista contabiliza al menos 66 religiosos, la mayoría de ellos sin condena, y sólo tres sancionados por la propia Iglesia con el máximo castigo que puede recibir un cura: la expulsión del sacerdocio.
Entre esos tres expulsados no está Grassi, quien tiene una condena ratificada por la Corte Suprema de Justicia por “abuso sexual agravado de menores” pero que aún no fue sancionado dentro de la Iglesia.
“Es un acting”
“Es un acting”, le dijo a Télam el abogado canónico Carlos Lombardi, representante de la red de Sobrevivientes del Abuso Eclesiástico, sobre la reunión en el Vaticano.
“Hablan de las mismas medidas de siempre, pero después no hacen nada. La actitud del papa Francisco es de una tremenda cobardía, se niega a dar el debate cara a cara con las víctimas y sólo van a escuchar un video”, criticó.
Para Lombardi, un “punto clave” para saber si esa cumbre “podrá cambiar la actitud de la Iglesia frente a los abusos” es conocer si, efectivamente, “los obispos están dispuestos a dejar sus privilegios y entregar a los abusadores a la justicia civil”.
“Mientras los curas sigan juzgando a los curas, no cambia nada”, aseguró el especialista en derecho canónico.
“Un desafío urgente”
Francisco calificó a los abusos dentro de la Iglesia como “un desafío urgente de nuestro tiempo”, y pidió a los fieles que “recen por el éxito” de la cumbre antipedofilia, que congrega a los líderes de las 113 conferencias episcopales del mundo, entre ellos el representante argentino monseñor Oscar Ojea.
Ojea fue quien, precisamente, expulsó a dos de los tres sacerdotes sancionados.
La cumbre “antipedofilia” comenzó con un escándalo que involucró directamente al Papa argentino, ya que un año después de que Jorge Bergoglio nombrara al obispo emérito de la ciudad salteña de Orán, Gustavo Zanchetta, como “asesor” de la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica (APSA), a principios de enero la justicia local le inició una investigación “por abuso sexual y otros comportamientos impropios”.
Zanchetta había sido trasladado al Vaticano cuando comenzaron a conocerse las primeras acusaciones.
A diferencia de lo que ocurre en países como Estados Unidos, Australia o Irlanda, en Argentina no existe investigación judicial o canónica que abarque diócesis enteras. Tampoco hay registros oficiales sobre los sacerdotes involucrados o el número de víctimas que sufrieron abusos.
Hasta ahora la mayor condena fue para el cura Justo José Ilarraz, quien fue sentenciado en 2018 a “25 años de prisión por abuso y corrupción de 40 menores” en Paraná, Entre Ríos.
Pocos meses después, la justicia entrerriana aplicó la misma condena de 25 años al religioso Juan Diego Escobar Gaviria, también acusado de “corrupción de menores y abuso sexual gravemente ultrajante” contra al menos dos jóvenes.
Muestras de ADN para el registro
Por otro lado, el ADN del cura Julio César Grassi, quien cumple una condena a 15 años de prisión por abuso sexual agravado de menores dictada en 2009, será incluido en el Registro Nacional de Datos Genéticos de autores de delitos vinculados a la integridad sexual.
Así lo dispuso el Tribunal Criminal 1 de Morón a través de una resolución firmada por los jueces Claudio José Chaminade y Mariana Maldonado, por lo que en las próximas horas se le iba a extraer muestras genéticas al cura preso, cuya condena recién quedó firme en 2017.
La medida fue solicitada por el abogado de las víctimas, Juan Pablo Gallego, quien consideró que “Grassi reúne las condiciones como violador con condena firme” para integrar el Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual, creado por medio de la ley Nacional 26.879.
Contra Grassi
La causa contra Grassi por el abuso sexual agravado y la corrupción de menores se inició el 23 de octubre de 2002 y finalizó en diciembre de 2009 con la condena contra Grassi por hechos ocurrido en el ámbito de la Fundación Felices los Niños.
Recién en septiembre de 2013 la Justicia ordenó que Grassi sea detenido, condición en la que está hasta el presente en la Unidad Penal de Campana, mientras que en marzo de 2017 la condena quedó firme.
Grassi fue condenado en 2009 a la pena de 15 años, pero permaneció en libertad hasta septiembre de 2013, cuando perdió el beneficio de la libertad vigilada de la que gozaba ante el fallo de la Corte Suprema.
Para el Tribunal, Grassi fue responsable del abuso de “Gabriel”, hechos que habrían tenido lugar en la “Casa San Juan Bosco” de la Fundación, en Hurlingham.
En cambio, Grassi fue sobreseído en los casos de abuso y corrupción de menores sobre “Ezequiel” y “Luis”, algo que también quedó firme tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia.
Los hechos por los cuales Grassi fue llevado a juicio trascendieron a la opinión pública a raíz de un informe del programa Telenoche Investiga, y el primer caso fue el de “Gabriel”, tras los cuales se sumaron otras más que llegaron a un total de 17. (Télam)
