La iniciativa, a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas, establece la inhabilitación cuando exista condena confirmada por tribunal de alzada, aún sin sentencia firme, y se mantiene durante el cumplimiento de la pena y hasta diez años después.

El proyecto de ley modifica la Ley Orgánica de los Partidos Políticos y amplía el alcance de los delitos o los causales de inelegibilidad que inhabilitan a ser candidato.

Según se especifica en el texto presentado, no podrán postularse quienes tengan condenas confirmadas por corrupción, fraude contra el Estado, lavado de activos, abuso, trata de personas, narcotráfico, delitos contra la vida, la integridad física y el orden constitucional.

También incorpora como causal de inelegibilidad y supuesto de inhabilidad a los deudores alimentarios morosos, extendiendo el criterio de responsabilidad más allá de los delitos penales graves.

La Justicia Electoral verificará todos estos requisitos al momento de oficializar candidaturas, y el Registro Nacional de Reincidencia llevará un registro público actualizado de las sentencias alcanzadas por la ley.

“Este es mi aporte a una discusión que tenemos que dar entre todos. La Argentina no parte de cero, pero necesita reglas más claras para recuperar la confianza”, sostuvo Scaglia.

“En Santa Fe lo hicimos. Primero lo sancionamos como ley y después lo incorporamos a la Constitución Provincial como política de Estado. Eso demuestra que se puede, ahora le toca a la Argentina”, agregó.

“Sin grises”

Para la presidenta del interbloque Unidos, “en este tema no hay grises”.

“Las instituciones se defienden con reglas claras y la política tiene que dar el ejemplo”, resaltó.

La iniciativa retoma una demanda social de ética e integridad pública que viene siendo impulsada desde hace varios años por el movimiento de Ficha Limpia, liderado por Ignacio Marra, que llegó a sumar más de 490 mil firmas de ciudadanos.

El proyecto se basa en los artículos 16 de la Constitución Nacional que establece el principio de idoneidad, el artículo 37 que garantiza los derechos políticos, y el artículo 36 que establece la inhabilitación para quienes cometan delitos graves contra el Estado.

En los fundamentos del proyecto, Scaglia sostiene que “en una democracia representativa, quienes aspiran a ejercer cargos públicos electivos no sólo deben reunir las condiciones legales para ser elegidos, sino también demostrar un compromiso inequívoco con la legalidad, la integridad pública y el respeto por los derechos fundamentales”.

“En este marco, resulta necesario destacar que el derecho a ser elegido no reviste carácter absoluto, sino que admite reglamentaciones razonables cuando se encuentra en juego la idoneidad para el ejercicio de la función pública”, señala.

En países como Brasil, Italia y España existen normas de Ficha Limpia como la que propone Scaglia. NA

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El Eco de Tandil

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