Adpra rechazó la derogación de la Ley de Zona Fría y advirtió por el impacto en las tarifas de gas

La Asociación de Defensores y Defensoras del Pueblo de la República Argentina (Adpra), entidad que nuclea a las defensorías de todo el país, expresó su rechazo ante la posible modificación o derogación de la Ley 27.637 de Zona Fría. Desde la institución señalaron que "esta normativa no constituye un privilegio, sino una expresión concreta de justicia tarifaria y un derecho adquirido que garantiza la dignidad humana" en aquellas regiones donde el clima extremo convierte al gas en un recurso vital.

El régimen actual, fruto de una lucha colectiva de asociaciones de consumidores y defensorías, reconoce la rigurosidad climática como una desigualdad estructural. Según explicaron desde Adpra, la sanción de la denominada Zona Fría Ampliada en junio de 2021 buscó corregir la injusticia de aplicar tarifas uniformes en un país con realidades geográficas dispares. En estos contextos, el gas actúa como una barrera contra enfermedades respiratorias en sectores vulnerables.

El impacto del cambio de paradigma

El esquema vigente otorga descuentos del 30 por ciento para usuarios residenciales y del 50 por ciento para sectores vulnerables, como jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones sociales. Su financiamiento no depende del presupuesto nacional, ya que se sostiene mediante un recargo del 7,5 por ciento sobre el precio mayorista del gas, distribuido entre todos los usuarios del sistema.

Sin embargo, el Proyecto de Ley de Medidas Energéticas propone desplazar el criterio de zona geográfica por el de focalización de ingresos a través del Subsidio Energético Focalizado (SEF). Para la asociación, "este sistema ignora cuánto cuesta calefaccionarse en cada región, condenando a las provincias del sur y zonas serranas a una carga financiera desproporcionada".

Usuarios afectados en todo el país

De concretarse la reforma, perderían el beneficio automático más de 3.365.000 usuarios en diversas jurisdicciones, incluyendo la Provincia de Buenos Aires, el centro y sur de Córdoba, el sur de Santa Fe, Mendoza, San Luis, San Juan, La Rioja, Catamarca, Salta y Jujuy. ADPRA advirtió que el proyecto genera un vacío de protección para la clase media, cuyos ingresos podrían superar el umbral del SEF pero resultarían insuficientes para absorber los aumentos proyectados.

Finalmente, la entidad recordó que la Constitución Nacional y los tratados internacionales imponen el principio de progresividad. Citando al jurista Bidart Campos, sostuvieron que la protección de derechos debe expandirse gradualmente y nunca retroceder. "El debilitamiento de este régimen representa un retroceso ilegítimo", concluyeron, exhortando al gobierno nacional y a los legisladores a preservar la ley vigente para garantizar la salud y la integridad de la población.

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El Eco de Tandil

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