Advierten que el proyecto de ley por Malvinas incluye riesgos de censura y amenazas a la libertad de expresión

El proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional enviado por el gobierno del presidente Javier Milei al Congreso ha despertado una fuerte polémica. Diversos constitucionalistas y dirigentes de la oposición advirtieron que la iniciativa contiene artículos que podrían limitar la libertad de expresión y de prensa, generando riesgos de censura.

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La propuesta incorpora delitos vinculados con la desinformación masiva y la manipulación de la opinión pública, con penas que parten de cinco años de prisión y pueden alcanzar los 20 años. El constitucionalista Andrés Gil Domínguez señaló que la combinación de definiciones indeterminadas y sanciones elevadas genera un efecto intimidatorio.

“El miedo a un tipo penal de estas características. Vos empezás a cuidar lo que vas a decir”.

El punto central de la controversia recae en el artículo 111, que propone un nuevo artículo 225 bis al Código Penal. La norma establece penas de cinco a 12 años para quien, bajo financiamiento o cuenta de un Estado u organización extranjera, procure alterar procesos electorales o manipular la opinión pública. Si se utilizan amenazas o coerción, la pena asciende de ocho a 15 años.

Por su parte, el constitucionalista Félix Lonigro calificó la iniciativa como un retroceso y cuestionó la ambigüedad de los términos utilizados. Lonigro sostuvo que el proyecto otorga al Poder Ejecutivo un instrumento para perseguir y condicionar la libertad de expresión bajo una descripción insólita de la conducta.

Desde el Gobierno, fuentes oficiales aclararon que la normativa no busca perseguir al periodismo, sino actuar contra quienes operen por cuenta de Estados extranjeros para generar desinformación masiva. Asimismo, indicaron que las medidas administrativas estarán sujetas a control judicial y que el Congreso tiene la facultad de debatir y modificar los alcances de la ley.

En el ámbito legislativo, el diputado Nicolás Trotta, vicepresidente de la Comisión de Libertad de Expresión, adelantó que buscará que el cuerpo analice específicamente el capítulo. En la misma línea, la diputada Mónica Frade calificó al proyecto de inconstitucional, argumentando que los tipos penales vagos afectan la garantía de defensa y fomentan la autocensura.

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