Amplían la imputación contra el dueño de la financiera ligada a la AFA
El juez federal Luis Armella hizo lugar al pedido de la fiscal Cecilia Incardona y sumó el cargo de administración fraudulenta contra el empresario Maximiliano Ariel Vallejo, titular de la financiera vinculada a la Asociación del Fútbol Argentino, en el marco de la investigación por el presunto desvío de fondos del club bonaerense.
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El juez federal Luis Armella, al frente del Juzgado Federal Criminal y Correccional número dos de Lomas de Zamora, resolvió ampliar la imputación contra el empresario Maximiliano Ariel Vallejo. La medida, solicitada por la fiscal federal Cecilia Incardona, le atribuye el presunto delito de administración fraudulenta en calidad de partícipe necesario. Este nuevo cargo se añade a las acusaciones previas por lavado de activos agravado y asociación ilícita que ya afrontaba el propietario del holding Sur Finanzas.
Recibí las noticias en tu email
Accedé a las últimas noticias desde tu emailLa resolución judicial fija la declaración indagatoria de Vallejo para el próximo 26 de mayo de 2025, jornada en la que también deberá comparecer su madre, Graciela Beatriz Vallejo. Según el dictamen fiscal, el rol del financista en el presunto vaciamiento del Club Atlético Banfield no fue secundario. La fiscalía sostiene que el imputado facilitó la estructura corporativa, firmas pantalla como Sur Finanzas Group S.A. y Roma Inversiones S.A., y un flujo de capitales no registrado indispensable para concretar la maniobra fraudulenta atribuida a la conducción de la entidad deportiva.
El entramado de la maniobra investigada
La causa penal se inició a partir de una denuncia por estafa y lavado presentada por la firma Auriga League S.A., tras un préstamo impago de dos millones de euros otorgado al club. A partir de allí, la fiscalía detectó un esquema que habría funcionado de manera ininterrumpida entre septiembre de 2020 y diciembre de 2025. La hipótesis principal apunta a que Sur Finanzas captaba clubes con problemas de liquidez para ofrecerles préstamos con tasas consideradas usurarias, canalizando luego las ganancias mediante un entramado societario.
La acusación detalla operaciones de lavado de activos por un monto superior a los 108 millones de dólares. Asimismo, el organismo ARCA denunció una evasión en el Impuesto a los Débitos y Créditos calculada en 3.327 millones de pesos, dentro de un volumen total de transacciones sospechosas que alcanza los 818.000 millones de pesos.
Contratos bajo la lupa y desvío de fondos
De acuerdo con la investigación de Incardona, la cúpula directiva de Banfield de ese período —conformada por el presidente Eduardo Juan Spinosa, el secretario Federico José Spinosa, el vicepresidente Oscar Fabián Tucker y el tesorero Ignacio Javier Uzquiza— estructuró un mecanismo sistemático de desvío. Entre las pruebas se destacan dos contratos suscriptos con Sur Finanzas en 2023 por un total de USD 500.000 cada uno, con tasas del tres por ciento y cuatro por ciento mensual respectivamente, entregados en efectivo para evitar la trazabilidad bancaria.
Paralelamente, se sospecha que los ingresos genuinos de la institución, provenientes de cuotas sociales y contratos de sponsoreo, eran desviados hacia el Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña en lugar de ingresar a las cuentas oficiales del club. Esta operatoria habría estado activa desde febrero de 2019 hasta agosto de 2023.
Ramificaciones en el fútbol argentino
La pesquisa judicial señala que el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, habría facilitado el ingreso de Vallejo al ámbito de los clubes de fútbol, aunque el dirigente no se encuentra imputado en este expediente. En los más de 40 allanamientos realizados por orden del magistrado, se secuestró documentación vinculada a 16 clubes, entre los que figuran San Lorenzo, Independiente, Racing, Argentinos Juniors y Barracas Central.
Por otra parte, la jueza federal María Servini lleva adelante una investigación paralela sobre Sur Finanzas por presunta compraventa irregular de divisas por más de 1.400 millones de dólares durante mandatos presidenciales anteriores. La indagatoria del 26 de mayo de 2025 marcará un hito clave en el proceso que el juzgado de Lomas de Zamora viene instruyendo formalmente desde el 31 de marzo pasado.