EL ACUSADO RECHAZÓ LA IMPUTACIÓN
Avanza la causa por abuso que involucra a un intendente fueguino
Los tres obreros que denunciaron por abuso sexual al intendente de la ciudad fueguina de Río Grande Gustavo Melella prestarán declaración testimonial.
Además, dos empresarios de la construcción investigados por corrupción en la misma causa fueron notificados de derechos y garantías, confirmaron a Télam fuentes vinculadas al caso.
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El juez de instrucción Raúl Sahade decidió citar para mañana a Damián Rivas, uno de los trabajadores que acusa al intendente de haberle exigido favores sexuales a cambio de empleo y de cobrar trabajos de obra pública realizados para el municipio.
Sahade convocó para el próximo lunes a Jerónimo Suasnabar, otro obrero que realizó una denuncia similar en agosto del año pasado, mientras que aún no definió una fecha para la declaración de Mario Lovera, el tercer denunciante.
El abogado de Melella, Francisco Ibarra, sostuvo que en el caso de Lovera no se lo podía citar porque su paradero era “desconocido” y que finalmente las autoridades judiciales lograron encontrarlo en Formosa.
El letrado dijo que a través de las declaraciones testimoniales de las supuestas víctimas, por primera vez la defensa del funcionario tendrá la oportunidad de interrogar a los denunciantes, ya que hasta el momento solo habían declarado ante el juez.
Ibarra señaló a la prensa local que “no existe en toda la causa un solo indicio de que los hechos hayan sucedido como se denunció” y dijo que confía en que luego de los interrogatorios, la investigación se encaminará hacia la desestimación de la acusación fiscal por supuesto “abuso sexual coactivo” y hacia el sobreseimiento definitivo del intendente.
Denuncian persecución
Por su parte, el abogado Francisco Giménez, representante de los trabajadores denunciantes, consideró que la justicia “está persiguiendo a las víctimas en lugar de investigar al intendente”.
“Los notifican en sus domicilios en lugar de hacerlo en mi estudio jurídico. Cada vez que ven el patrullero se mortifican ellos y sus familias, mientras que a Melella lo notifican en el estudio de su abogado”, indicó Giménez en dialogo con Télam.
El juez Sahade también resolvió en las últimas jornadas la notificación de derechos y garantías a los empresarios de la construcción Alejandro Enrique Guillen y Luis Marino Vaquera, titulares de las empresas “Patagonia Constructora” y “Marino Luis Vaquera”, acusados en el mismo expediente de haberle facturado al municipio de Río Grande trabajos no realizados.
Los presuntos abusos sexuales y las irregularidades en la obra pública se investigan en forma conjunta porque de acuerdo a la denuncia, existiría una conexión entre las contrataciones municipales y el rol que desempeñaba el intendente.
Sahade dispuso, en los comienzos de la investigación, la separación de las causas, pero un fallo de la Sala Penal de la Cámara de Apelaciones de Río Grande, dictado en febrero, resolvió que “la instrucción de la causa continúe en el marco de un único proceso”.
Los jueces Julián de Martino y Jorge Luis Jofré entendieron que los hechos que se investigan están “estrechamente vinculados entre sí”, ya que como se investiga un presunto abuso sexual coactivo, la circunstancias de “relación de autoridad o de poder” deben buscarse en el modo en que se manejaron las contrataciones del municipio, y en la injerencia de Melella en esos procesos, indica el fallo de Cámara.
