La decisión fue adoptada por Casación en el Acuerdo de Superintendencia celebrado bajo la presidencia del juez Daniel Petrone e integrado por los magistrados Gustavo Hornos, Angela Ledesma, Carlos Mahiques y Mariano Borinsky.

Según la resolución, a la que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, el objetivo es “abordar las herramientas necesarias que se pueden adoptar desde la Cámara, para coadyuvar con la mayor eficacia, eficiencia, celeridad e inmediación de dicho juicio”.

La reunión está prevista para el martes 18 en la Sala de Acuerdos de Casación y en horario a confirmar.

El llamado se produce mientras el TOF 7 avanza con un proceso judicial que fue caracterizado como el más extenso del fuero penal federal: la causa comprende más de 300 hechos de presunta corrupción, 87 imputados y la declaración prevista de unos 400 testigos.

En los tribunales existe creciente preocupación por la duración que podría tener el debate, que actualmente se realiza con una audiencia semanal y modalidad mixta presencial-virtual, un esquema que podría extender el proceso durante varios años.

En resoluciones previas, Casación ya había advertido que ese ritmo “limita el dinamismo inherente al debate oral y público” y compromete la razonabilidad de los plazos procesales.

El Consejo de la Magistratura trabaja en la habilitación de una nueva sala en Comodoro Py para afrontar las exigencias logísticas del juicio, que requiere espacio para más de 200 asistentes por audiencia entre imputados, defensores, querellantes y funcionarios judiciales.

Se trata del juicio penal más extenso en curso y las audiencias se realizan una vez por semana, en formato mixto presencial y virtual, lo que según fuentes judiciales podría extender el debate durante un largo período.

La visión de la Corte

En la Corte Suprema de Justicia se sigue con atención el desarrollo del caso y se analizan las posibles consecuencias que una duración excesiva podría acarrear sobre los principios de celeridad y eficacia procesal.

También se examinan las dificultades estructurales que enfrentan los tribunales orales para llevar adelante juicios complejos, con limitaciones de espacio, personal y tecnología.

En el cuarto piso del Palacio de Tribunales se mencionan además los problemas logísticos que rodean el juicio, entre ellos la necesidad de albergar a más de 200 personas por audiencia, lo que incluye imputados, defensores, querellantes y funcionarios judiciales. Esa situación afecta la dinámica del debate y podría traducirse en mayores demoras.

La Cámara Federal de Casación Penal ya había expresado su preocupación en una resolución emitida en julio; en esa oportunidad, los jueces Diego Barroetaveña, Daniel Petrone y Gustavo Hornos, integrantes de la Sala I, advirtieron que la modalidad de audiencias virtuales combinada con una frecuencia semanal “limita el dinamismo inherente al debate oral y público” y compromete la duración razonable del proceso y, en consecuencia, recomendaron revisar los cronogramas para evitar dilaciones innecesarias. NA

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