El fiscal ante la Cámara Federal de Casación Penal, Mario Villar, dictaminó este lunes que la investigación sobre el origen de los fondos utilizados para la compra de una lujosa casaquinta en Pilar, valuada en 17 millones de dólares, debe retornar a la jurisdicción del juez federal Daniel Rafecas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Villar cuestionó la decisión previa de enviar las actuaciones al Juzgado Federal de Campana, advirtiendo que esta medida no solo resulta equivocada, sino que podría afectar la percepción de integridad en el proceso. Según el fiscal, las maniobras investigadas

darían cuenta de un trazado de fondos bajo figuras jurídicas y físicas que podrían encubrir su origen como fondos lícitos de la entidad no declarados y/o desviados a fines privados, o nuevas aplicaciones de sumas de origen ilícito.

La resolución de este conflicto de competencia sufrió una nueva demora debido a una recusación presentada por la dirigente de la Coalición Cívica, Elisa Carrió. La denunciante solicitó el apartamiento de la jueza Angela Ledesma, alegando posibles vínculos con sectores judiciales de Santiago del Estero, provincia de origen del tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino, Pablo Toviggino.

Maniobras financieras y bienes de lujo

La causa busca determinar si existió una red internacional de intermediarios que operó entre los años 2021 y 2025 para canalizar fondos de la AFA fuera del circuito bancario legal. Se sospecha que estos activos, provenientes de derechos comerciales y transmisiones de la Selección Nacional, terminaron en sociedades constituidas en paraísos fiscales con la presunta participación de dirigentes o personas allegadas.

En este marco, la adquisición de la propiedad en Pilar y el hallazgo de una flota de 54 vehículos de alta gama, helipuerto y caballerizas, son considerados hitos clave de la presunta maniobra de lavado de activos. El fiscal Villar remarcó que la sede central de la institución se encuentra en la calle Viamonte, lo que refuerza la competencia de la justicia porteña por sobre la de Campana.

Finalmente, el funcionario judicial criticó el inicio de la intervención del juzgado de Campana, calificándola como una apariencia de causa generada a partir de un correo electrónico de la defensa de los imputados. Por ello, insistió en que el expediente debe ser resuelto por la especialización en materia de lavado de activos de la justicia federal de la Capital Federal, o en su defecto, por el fuero penal económico.

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