Causa Vialidad II: condenaron al hijo de Lázaro Báez y a otros cinco acusados por corrupción

El Tribunal Oral Federal N° 2 condenó este jueves a Martín Antonio Báez, hijo del empresario Lázaro Báez, y a otras cinco personas por su participación en las maniobras de corrupción vinculadas con la adjudicación de obras públicas viales en la provincia de Santa Cruz, entre 2003 y 2015.

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La resolución se produjo en el marco de la causa Vialidad II, el segundo tramo del expediente judicial que derivó en la condena de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Las sentencias fueron dictadas mediante un juicio abreviado, luego de que los seis acusados reconocieran su responsabilidad en los hechos investigados.

El fallo estuvo a cargo del juez Andrés Fabián Basso, quien homologó el acuerdo alcanzado entre los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, las defensas de los imputados y la Unidad de Información Financiera (UIF).

Además de las penas de prisión, el magistrado resolvió extender a los seis condenados el decomiso de bienes por $684.990.350.139,86, correspondiente al perjuicio económico determinado en el primer tramo de la causa. La cifra, actualizada a julio de 2025, deberá volver a actualizarse al momento de su ejecución.

Las condenas y las penas que recibió cada acusado

Los seis condenados son Martín Antonio Báez, Julio Enrique Mendoza, Carlos Joaquín Alonso, Jorge Eduardo Gregorutti, Sergio Hernán Passacantando y Fernando Javier Butti.

En el caso de Martín Báez, el tribunal le impuso tres años de prisión como partícipe necesario del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Sin embargo, como ya tenía una condena firme de seis años y seis meses por lavado de activos agravado, ambas sanciones fueron unificadas en una pena de siete años y nueve meses de prisión.

Por su parte, Julio Enrique Mendoza, expresidente de Austral Construcciones, recibió tres años de prisión por su participación en la maniobra. Al unificarse esa sentencia con una condena anterior por lavado de activos, la pena quedó establecida en cinco años y nueve meses de prisión, que continuará cumpliendo bajo la modalidad de arresto domiciliario.

En tanto, los exfuncionarios de Vialidad Nacional Carlos Joaquín Alonso, Jorge Eduardo Gregorutti y Sergio Hernán Passacantando fueron condenados a dos años y ocho meses de prisión en suspenso e inhabilitación especial perpetua para ejercer funciones públicas.

Finalmente, Fernando Javier Butti, vinculado con las empresas constructoras del grupo Báez, recibió una pena de dos años y seis meses de prisión en suspenso como partícipe necesario.

Cómo funcionaba la maniobra investigada

A diferencia del primer juicio, que tuvo entre sus principales acusados a Cristina Kirchner, Lázaro Báez y otros altos funcionarios, Vialidad II se concentró en las responsabilidades de funcionarios de segunda y tercera línea de Vialidad Nacional y de empresarios vinculados con las constructoras beneficiadas.

La investigación determinó que las irregularidades involucraron la planificación, adjudicación, ejecución, control y pago de obras viales financiadas por el Estado nacional en Santa Cruz.

Según la acusación fiscal, el esquema permitió concentrar una parte significativa de los recursos destinados a infraestructura vial de esa provincia en empresas relacionadas con Lázaro Báez, entre ellas Austral Construcciones, Kank y Costilla y Loscalzo y Del Curto Construcciones.

Los funcionarios condenados tuvieron intervención en procedimientos administrativos, licitaciones y controles que debían garantizar la transparencia de las contrataciones. Por su parte, los empresarios participaron desde las compañías que presentaban ofertas y ejecutaban los contratos.

Al fundamentar su decisión, el juez Basso recordó que los hechos investigados en esta segunda etapa formaron parte de la misma maniobra analizada durante el juicio principal, en el que quedó acreditado el direccionamiento de contrataciones y el perjuicio ocasionado al Estado.

Qué pasará con los más de 684 mil millones de pesos

Uno de los puntos centrales de la sentencia fue la decisión de extender a los nuevos condenados la obligación de responder por el decomiso de más de 684 mil millones de pesos.

El monto había sido establecido en el primer tramo del expediente y actualizado mediante una resolución judicial del 15 de julio de 2025.

El tribunal aclaró que esta decisión no implica un segundo decomiso por la misma cantidad, sino que incorpora a los seis nuevos condenados entre los responsables de responder por los efectos económicos del delito.

Las condiciones de ejecución y el orden en que deberán responder los obligados serán determinados en actuaciones judiciales posteriores.

El antecedente de la condena a Cristina Kirchner

La causa Vialidad tuvo su primera sentencia el 6 de diciembre de 2022, cuando el Tribunal Oral Federal N° 2 condenó a Cristina Fernández de Kir

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El Eco de Tandil

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