Confirmaron el procesamiento de tres policías por la muerte de un remisero

El cuerpo judicial consideró que el accionar para reducir al sospechoso “fue desproporcionado” y que “podrían haber utilizado gas pimienta, la tonfa o esposas, solicitar refuerzos o incluso alejarse”.

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Para los jueces de la Sala VI, el oficial primero Ramón Pérez (39), la inspectora Beatriz Manzanelli (41) y la oficial Daniela López (32), fueron coautores de un “homicidio agravado por haber sido cometido abusando de sus funciones como miembros de la Policía de la Ciudad y por la utilización de armas de fuego”, que prevé una pena de prisión perpetua, aunque continuarán excarcelados.

El fallo, al que Télam tuvo acceso, coincidió con lo que habían solicitado el fiscal general Mauricio Viera y la abogada querellante, María del Carmen Verdú, en una audiencia oral realizada el último lunes ante la apelación que las defensas de los acusados presentaron luego de ser procesados el 18 de octubre por la jueza en lo Criminal y Correccional 49, Ángeles Gómez Maiorano.

Los camaristas Julio Marcelo Lucini, Mariano González Palazzo y Magdalena Laiño no hicieron lugar al pedido de la defensa de que sean sobreseídos por considerar que actuaron en “legítima defensa”.

De acuerdo a lo que consta en la causa, el hecho ocurrió pasadas las 11 del 1 de octubre en Malabia al 900, entre Castillo y Jufré, de Villa Crespo, hasta donde los oficiales Manzanelli y Pérez llegaron a bordo del móvil 2571 de la Comuna 15 B para acompañar a López, que estaba entregando una citación judicial.

De acuerdo a lo registrado por los videos, minutos después detuvo su marcha detrás del patrullero un Volskwagen Polo del cual descendió Romano herido en las muñecas y el abdomen, y con una navaja “Kerambit” atacó a Pérez en dos oportunidades a través de la ventanilla del patrullero.

“Luego corrió hacia la parte delantera de la unidad y enfrentó a Manzanelli que ya había descendido empuñando su arma reglamentaria y, cuando intenta abalanzarse sobre ella, recibió un disparo en su pierna izquierda, y cae al suelo donde permanece tendido por aproximadamente 30 segundos”, explicaron los jueces en su resolución.

 

Siete disparos

 

Tras ese primer episodio, los policías rodearon al sospechoso y, debido a que no cesaba la agresión y continuaba amenazante, le dispararon siete veces más hasta que le provocaron la muerte.

“De este repaso se desprende una actitud previa sumamente agresiva en la víctima, que ‘asestó dos cuchilladas’ contra un policía que estaba dentro del patrullero”, dijeron los camaristas, quienes de todas formas aclararon que “el problema se presenta una vez que Romano queda inmóvil en el suelo, con su capacidad ofensiva sumamente reducida y, aun así, los disparos sobre él no sólo continuaron, sino que se multiplicaron”.

“Esa respuesta fue desproporcionada pues no es cierto que sus vidas ni las de terceros continuaban corriendo peligro”, desmintieron los jueces.

Para la Cámara, hubo “irracionalidad” en el accionar de los uniformados ya que tenían “varios años de antigüedad y entrenamiento para enfrentar estas situaciones”, por lo cual tenían la obligación de haber demostrado “un nivel de análisis que exige más diligencia y moderación en función de los intereses que le fueron confiados”.

“Los disparos contra un hombre herido de bala, tendido en el suelo, fueron completamente innecesarios ante el supuesto riesgo que representaba (…) La capacidad letal de un arma blanca en ese contexto era prácticamente nula, aún en caso de ser arrojado contra una persona como se verificó en la escena”, sostuvo en el fallo.

La Sala VI consideró que “sin duda hubo alternativas de actuar de otro modo” ya que “podrían haber utilizado gas pimienta, la tonfa o esposas, solicitar refuerzos o incluso alejarse” del lugar.

“Ellos, con superioridad numérica, manejaban la proximidad con quien estimaban fuente de peligro, por lo que tomar distancia era la primera opción menos lesiva. Pero ni siquiera acordaron la forma de abordarlo para evitar tantas lesiones -la autopsia verificó al menos ocho en el cuerpo-; todos lo hicieron al unísono en un claro supuesto de coautoría aditiva”, criticó.

De esta manera, los camaristas confirmaron los procesamientos que además incluyeron un embargo de 1,5 millones de pesos para cada policía, quienes seguirán en libertad ya que habían sido excarcelados, situación que para la abogada Verdú es un “escándalo” debido a que la expectativa de pena ante un juicio oral será de prisión perpetua. (Télam)