Crisitina Kirchner volvió a Comodoro Py y dijo que es víctima de “persecución y ensañamiento”

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner afirmó que las ocho indagatorias a las que fue citada por el juez federal Claudio Bonadio son un “hecho inédito” en el contexto de una “persecución y ensañamiento” en su contra.

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La ahora senadora nacional presentó un escrito que, previamente, había sido divulgado por las redes sociales, en el que se refirió a las ocho “supuestas investigaciones judiciales” en las que aparece como jefa de una asociación ilícita.

Cristina Kirchner llegó ayer mañana con anticipación a los tribunales de Comodoro Py, donde tiene su despacho Bonadio; permaneció allí casi dos horas, asistida por su defensor Carlos Beraldi.

Antes de llegar a los tribunales, la expresidenta y senadora lanzó una serie de tuits en los que, además de adelantar parte de su escrito, recordó que el llamado a indagatoria de Bonadio coincidía con el día en que su marido fallecido, Néstor Kirchner, cumpliría años.

“Yo debería estar en Río Gallegos, como siempre”, advirtió la senadora por la provincia de Buenos Aires.

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Presentación de un escrito

 

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La expresidenta se limitó a presentar el escrito, al que se le hicieron copias para agregarlo a cada uno de los ocho sumarios penales que se le siguen por lo que ella denomina la “causa de las fotocopias”, en referencia a los cuadernos del chofer Oscar Centeno.

“Indudablemente, se trata de un hecho inédito” que “puede comprenderse en el marco de una persecución y ensañamiento al que sólo se atrevieron gobiernos totalitarios en tiempos en que el Estado de Derecho se encontraba suspendido”, expuso la legisladora.

“Se han armado un montón de causas para poder citarme a prestar declaración indagatoria y luego procesarme, generando noticias de alto impacto mediático” denunció.

Fernández de Kirchner cuestionó el inicio la causa: “Según la versión oficial, un exmiembro de las fuerzas de seguridad y confeso antikirchnerista se habría apropiado de manera ilegal de estos supuestos cuadernos para entregárselos a un periodista”.

Agregó que “el periodista elegido fue Diego Cabot del diario La Nación -ambos furibundos antikirchneristas simpatizantes del gobierno de Cambiemos-, quien le llevó su supuesta investigación al fiscal Stornelli”, al que citó como “acusado de extorsionar empresarios e imputados en esta misma causa”.

Luego sostuvo que “a partir de simples fotocopias, el juez ordenó la detención de decenas de personas con el indisimulable propósito de presionarlas y obligarlas a recitar un libreto que ya estaba armado, esto es: que los anteriores gobiernos constituían una ‘asociación ilícita'”.

 

Críticas al fiscal

 

En su escrito, la expresidenta criticó al fiscal Carlos Stornelli, uno de los dos que intervienen en la causa. El restante Carlos Rívolo, a quien también acusó de favorecer a los familiares “más cercanos al Presidente de la Nación”.

La senadora aseveró que “nada se encontró” en los allanamientos realizados en sus domicilios, pero “para que la decepción fuera disimulada, Bonadio ordenó el secuestro de un montón de elementos que nada tienen que ver con el proceso”.

“Ni siquiera se salvaron -cuestionó- los atributos presidenciales que (su esposo, fallecido) Néstor Kirchner y la suscripta recibiéramos al haber sido elegidos democráticamente como titulares del Poder Ejecutivo de la Nación”.

En su descargo, contenido en una docena y media de carillas, dedicó la mitad de su escrito para referirse a cada una de la ocho causas: Cuadernos, la del gas licuado, subsidios a colectivos, coimas de empresarios ferroviarios, retornos por la concesión de obras públicas, asignación “discrecional” de obras viales (a favor de Lázaro Báez), secuestro de documentos históricos en su domicilio, y utilización irregular la flota aérea presidencial.

En todos los casos cuestionó la actividad desplegada por Bonadio y Stornelli, a quien atribuyó el armado de las causas basadas -según su criterio- en la imaginación del juez, en las declaraciones de “arrepentidos”, y violando preceptos legales como el derecho a la legítima defensa. (Télam)