Cristina Kirchner solicitó ir a juicio por presunto fraude

Cristina Kirchner.

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Se trata de la investigación que tiene a cargo Ercolini por el direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz a favor del empresario Lázaro Báez, actualmente detenido, y en la que están procesados además el exministro de Planificación Federal Julio De Vido y el exsecretario de Obras Públicas José López, entre otros.

“Que se eleven las actuaciones al Tribunal Oral previo sorteo de la práctica requiriendo desde ya que se me notifique de dicho acto a efectos de presenciar el mismo y poder controlar su legalidad”, sostuvo Cristina Kirchner en su presentación.

Así lo hizo luego de que, el 21 de diciembre último, la Cámara Federal de Casación Penal rechazara por “inadmisibles” los recursos extraordinarios presentados por su defensa y por Báez contra el fallo que confirmó sus procesamientos y embargos por 10 mil millones de pesos en la causa por la adjudicación de obras públicas viales al Grupo Austral en la provincia patagónica.

Así lo decidió la Sala IV -integrada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Hernán Borinsky y Ana María Figueroa- y, de esta manera, quedó expedita la vía para la realización del juicio oral y público.

“En la próxima instancia procesal se habrán de efectuar todos los planteos correspondientes con el propósito de lograr un esclarecimiento definitivo y público de los hechos que, de manera sesgada, arbitraria y contraria a derecho, se relatan en los requerimientos de elevación a juicio”, cuestionó la exmandataria a través del escrito presentado por el abogado Carlos Beraldi.

Semanas atrás, tanto la Fiscalía a cargo de Gerardo Pollicita como la Oficina Anticorrupción y la Unidad de Información Financiera también requirieron que la causa pase a juicio, por lo que ahora es el turno de las defensas para que emitan su opinión.

“Vicios y arbitrariedades”

Cristina Kirchner a través de su abogado dijo que los requerimientos del fiscal y las querellas “encierran y consolidan aún más todos los vicios y arbitrariedades que fueron puntualizados” por su defensa a través de las sucesivas presentaciones, algunas de las cuales, advirtió, “incluso aún no han sido resueltas”.

En ese sentido, anunció el abogado que todos los cuestionamientos contra la acusación los hará al momento de ejercer su defensa en la instancia de juicio oral y público.

En el requerimiento de elevación a juicio, los fiscales habían dado por probado que “se montó una organización criminal orientada a la sustracción de fondos públicos por medio de la asignación discrecional de prácticamente el 80 por ciento de las obras viales adjudicadas en Santa Cruz en favor de las empresas de Báez, lo que representó la contratación del Estado por más de 46 mil millones de pesos”.

En ese sentido, aseguraron que se trató de una maniobra con una “estructura coordinada de personas, con división de roles y permanencia en el tiempo por más de diez años, que le permitió a sus responsables sustraer de las arcas públicas miles de millones de pesos a través de la obra pública vial”.

Además, señalaron que los fondos millonarios que eran girados a Valle Mitre, empresa de Báez, eran “remitidos mensualmente como dinero limpio en concepto de canon locativo a los ex presidentes y a sus hijos” por el alquiler de plazas hoteleras.

“Santa Cruz lejos de ser beneficiaria de una legítima política del gobierno federal, fue el escenario escogido para el obrar mancomunado ilegal de un grupo de funcionarios que comandados por los titulares del Poder Ejecutivo Nacional, utilizaron la propia burocracia estatal para proveer los fondos a dicha provincia, para que una vez allí, llegara a manos de Lázaro Báez”, subrayaron los fiscales, tras advertir que el 80 por ciento de la obra pública en esa provincia quedó en poder de ese empresario. NA

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  • ElEcodeTandil

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