Denunciaron por homicidio a los médicos que practicaron una cesárea a la nena violada
La presentación penal fue contra los profesionales José Gigena y Cecilia Ousset. Ocurrió luego de la muerte del bebé. "Extrajeron a una beba que era sana, podría haber llegado a término. No fue un aborto, fue un homicidio", sostuvo una de las letradas impulsoras de la medida.
Un grupo de abogados presentó ayer una denuncia penal por “homicidio” contra Cecilia Ousset y José Alberto Gigena, los médicos que le practicaron la operación cesárea a la nena de 11 años que había sido violada en Tucumán, quienes aseguraron que “actuaron dentro de la ley”.
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La presentación judicial, radicada en la Fiscalía primera de Tucumán, también acusa a los médicos de “desobediencia judicial e incumplimiento de los deberes de funcionario público” y se extiende, además, a la defensora de Menores en lo Civil, Penal y del Trabajo Adriana Romano Mazzone.
“La denuncia fue ingresada ayer y firmada por varios abogados y médicos que estamos denunciando el homicidio de la bebé que vivió 10 días”, dijo a Télam la abogada María Teresa Mockevich, quien forma parte del grupo de denunciantes.
“Extrajeron a una beba que era sana, podría haber llegado a término. Esa cesárea fue la causa de la muerte de la niña. No fue un aborto, fue un homicidio”, sostuvo.
El motivo
La operación cesárea a la niña de 11 años fue practicada el 27 de febrero, y el viernes pasado murió la beba nacida luego de 23 semanas de gestación y 660 gramos de peso, lo que impulsó la denuncia del grupo abogados tucumanos.
“La denuncia va dirigida, por el momento, en contra de los médicos que intervinieron. Y de la investigación penal pueden surgir nuevas personas que pueden resultar imputadas. No tenemos más información porque el tema se manejó con hermetismo. No podemos avanzar y denunciar a más personas hasta que no conozcamos la existencia de alguna conducta”, precisó ayer el abogado que lleva la denuncia, Salvador del Carril, a la radio LV12.
“Dentro de la ley”
En tanto, los médicos se defendieron en declaraciones a la prensa y afirmaron que actuaron “dentro del marco de ley”.
“Actué dentro del marco de la ley, tengo la tranquilidad de haber hecho lo que correspondía hacer”, expresó Gigena a la señal TN, y pidió que se apruebe una legislación para la interrupción voluntaria del embarazo “para que dejen de morir mujeres por el simple hecho de ser pobres, porque las que tienen dinero pueden acceder a las condiciones de seguridad y secreto en una institución sanatorial”.
“Tenemos un Estado que declara a la provincia Pro Vida, le da entidad a grupos antiderechos a que se sientan dueños de la verdad y con derecho a cuestionar leyes vigentes”, aseguró el médico, en referencia a la interrupción del embarazo en los casos contemplados por el artículo 86 del Código Penal (1921).
Consultada por Télam, la médica Ousset prefirió no brindar declaraciones y aseguró que sus abogados ya están armando la estrategia para enfrentar la denuncia, que podría derivar en un pedido de detención para ella y su esposo, según reveló.
El caso
En este caso que ahora produjo la denuncia del grupo de abogados, la nena, que fue violada y embarazada, comunicó en varias ocasiones su decisión de no seguir adelante con el embarazo, su familia presentó un pedido ante la justicia de esa provincia para la interrupción del mismo, cuando llevaba 19 semanas de gestación.
Sin embargo, el Ministerio de Salud Pública de Tucumán dilató la decisión y obligó a Lucía (identificada con ese nombre para preservar su identidad) a someterse a una cesárea.
Contra la persecución
En tanto, ayer organizaciones como Cladem Argentina, Andhes y otras emitieron una carta en “repudio a la persecución contra les profesionales que garantizaron la ILE en el caso de Lucía”.
“Advertimos que en la práctica realizada por los médicos no hay delito. En el fallo FAL de la Corte Suprema se determinó que cualquier aborto de un embarazo producto de una violación no es punible, tanto para la mujer como para la persona que cause la interrupción del embarazo”, explicaron.
“Es innegable que la intención de la denuncia tiene como objetivo, además, lanzar un mensaje disciplinador para que los médicos y médicas se nieguen a garantizar derechos que ya existen”, concluyeron.
La semana pasada el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) instó al Estado argentino a garantizar la interrupción legal del embarazo (ILE) y señaló que impedir la práctica puede constituir una “tortura”, luego de que se conoció este caso de la niña tucumana. (Télam)
