El Banco Central de la República Argentina decidió sancionar con dureza a la casa de cambios ARS Cambios, vinculada a la firma Sur Finanzas, retirándole la autorización para operar en el mercado y aplicando una multa que asciende a los 18.000 millones de pesos. La medida surge tras una investigación por maniobras con el dólar oficial realizadas durante el 2023, en plena vigencia del cepo cambiario.

La sanción, aprobada por el directorio de la autoridad monetaria el jueves pasado, alcanza también de forma personal a los responsables de la entidad. El financista Ariel Vallejo recibió una multa de 5.400 millones de pesos, mientras que su madre y accionista de la firma, Graciela Vallejo, deberá abonar 7.200 millones de pesos. Ambos quedaron inhabilitados para desempeñarse en el sistema financiero por un período de cinco y seis años, respectivamente.

La investigación llevada adelante por la Superintendencia de Entidades Financieras determinó que la financiera, señalada por sus vínculos con el presidente de la AFA, Claudio Tapia, operó de manera sospechosa unos 25 millones de dólares entre enero y diciembre del año pasado. Según la hipótesis oficial, estos fondos fueron utilizados para abastecer el mercado ilegal y aprovechar la brecha cambiaria, que en ese momento promediaba el 102 por ciento.

El sumario del Banco Central de la República Argentina reveló que el 99,1 por ciento de las operaciones de ARS Cambios tuvo como destino otras casas de cambio, lo que configuró un mecanismo de "pase de manos" sin justificación económica real. Esta operatoria, denominada internamente como "la escalerita", permitía adquirir divisas al valor oficial para luego canalizarlas hacia el circuito paralelo a través de diversas entidades intermediarias.

Desde el Gobierno nacional estiman que este tipo de maniobras ilegales con dólares oficiales podrían haber alcanzado un volumen total de 1.500 millones de dólares durante el período analizado. Con esta resolución, los sancionados no podrán ocupar cargos de relevancia ni ser accionistas en bancos, billeteras virtuales o empresas del sector fintech, ya que la inhabilitación rige para entidades financieras y no financieras de crédito.