JUICIO POR LA OBRA PÚBLICA
El fiscal inició la acusación oficial contra Cristina Kirchner
El fiscal federal Diego Luciani denunció la existencia de una asociación ilícita institucional encabezada por la vicepresidenta en la adjudicación de obra pública en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015.
“Al asumir Néstor Kirchner la presidencia y luego su esposa, Cristina Elizabeth Fernández, instalaron y mantuvieron en el seno de la administración nacional y provincial de Santa Cruz una de las matrices de corrupción más extraordinarias que lamentable y tristemente haya conocido el país”, enfatizó.
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Luciani aclaró que “lo extraordinario radica en las características inusuales de la asociación, capacidad de acción merced a una división de roles perfectamente organizada”.
El fiscal invocó incluso declaraciones del actual presidente, Alberto Fernández, cuando explicó su salida de la Jefatura de Gabinete durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
En ese sentido, recordó que una de las razones de Alberto Fernández fue “por lo que está pasando en la obra pública”.
En su primera jornada de alegato, Luciani le respondió directamente a Cristina, que al declarar en indagatoria había descripto al tribunal como “del lawfare” y tras elucubrar que tenía “la condena escrita”, desafió: “No me interesa”.
“Si a la vicepresidenta no le interesa, a este Ministerio Público, que tiene la representación de la sociedad, sí le interesa, y también le interesan los daños inconmensurables que se generaron con la paralización de las obras”, le respondió.
Luciani señaló al exmatrimonio presidencial y a su “amigo Lázaro Báez” como cabezas de la estructura de ese mecanismo de corrupción.
El fiscal sorprendió con la exhibición de mensajes de texto y de Whatsapp extraídos del teléfono celular secuestrado al exsecretario de Obras Públicas José Francisco López que, según interpretó, muestran la existencia de un plan “limpiar todo” antes del cambio de Gobierno.
Ello, dijo, incluía abandonar las obras públicas que tenía adjudicada y que debía completar: “No les interesaba la obra sino extraer dinero del erario”.
Caos
“Serían miles y miles de millones de pesos tirados a la basura. Y sin embargo, a pesar del colosal perjuicio, Lázaro Báez en connivencia con el resto decidieron abandonar las rutas, crear caos y confusión para intentar responsabilizar a la gestión entrante y montarse en esta película de la persecución”, sostuvo.
“Ésa fue la meta, el objetivo, sin importarle el enorme daño que estaban generando. Eso trajo aparejado un enorme perjuicio a la provincia de Santa Cruz, en especias con los trabajadores despedidos”, argumentó y lo justificó con la exhibición de notas periodísticas “que ilustran el caos que se generó”.
El fiscal también advirtió sobre la “ausencia absoluta de control por parte de los funcionarios y organismos encargados de prevenir y denunciar la comisión de este delito”.
El Ministerio Público Fiscal, dijo, “tiene por acreditado que entre los años 2003 y 2015 funcionó en el seno del Estado una asociación ilícita de características singulares”.
“Se trató de una asociación ilícita piramidal que tuvo en su cúspide a quienes se desempeñaron como jefes del Estado y que fue organizada e integrada por distintos funcionarios públicos”, indicó el fiscal.
Luciani, además, fustigo a la UIF por haber desistido de la acusación y no haber explicado en su alegato por qué no tomó en cuenta la “profusa prueba” producida durante el debate.
Los alegatos comenzaron el 11 de julio con la Unidad de Información Financiera (UIF), que pidió la absolución de Cristina Kirchner y de los principales acusados. NA