El fuero Penal Económico investiga el envío de armamento a Bolivia

El sorteo se realizó en la Cámara Nacional de ese fuero, que interviene en la pesquisa por tratarse de un posible delito de contrabando agravado, en la que también quedó radicada otra denuncia presentada por los mismos hechos por el exjuez Eduardo Freiler, informaron fuentes judiciales.

En la denuncia del Gobierno, el fiscal será Claudio Navas Rial, el mismo que interviene en la denuncia formulada por el excamarista federal Freiler, que cayó en el juzgado en lo Penal Económico 4, a cargo del juez Alejandro Catania, actualmente subrogado por su colega Rafael Caputo.

Los magistrados que recibieron ambas denuncias deberán decidir ahora si se unifican y, en tal caso, en qué juzgado: la primera denuncia por número de radicación es la presentada por Freiler en la cual el juez Caputo ya delegó la investigación en el fiscal Navas Rial, mientras que en el otro expediente el magistrado López Biscayart le requirió a los funcionarios denunciantes que en el plazo de 72 acompañen la documentación citada.

La denuncia presentada por el Gobierno aludió a los delitos de “contrabando agravado por la cantidad de personas involucradas, la calidad de funcionarios públicos, la participación de un funcionario aduanero, y por tratarse de armas y municiones de guerra, en concurso con los delitos de malversación de caudales públicos, abuso de autoridad y los delitos que comprometen la paz y la dignidad de la Nación”.

La presentación, a la que accedió Télam, había sido realizada el lunes después de las 13.30, por lo que su sorteo se difirió para ayer, y lleva la firma de la ministra de Seguridad, Sabina Frederic; la administradora Federal de Ingresos Públicos, Mercedes Marcó del Pont; y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria.

En el texto de la denuncia se hizo referencia al “envío ilegal de armamento y municiones a Bolivia perpetrado el 12 de noviembre de 2019 por el Gobierno nacional encabezado por el expresidente Mauricio Macri, con la participación de altas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional”.

Los funcionarios del Gobierno nacional afirmaron en la denuncia que el objetivo de aquel envío fue “poner ese material represivo a disposición de la dictadura que recién había tomado el poder en el vecino país, encabezada por Jeanine Áñez, tras el golpe de Estado realizado por las fuerzas armadas bolivianas contra el Gobierno constitucional de Evo Morales”.

“El hecho delictivo consistió en el envío irregular de armamento y municiones a Bolivia, a través de una adulteración en las cantidades y destinaciones declarados en las distintas instancias de control y, en particular, ante el servicio aduanero”, se indicó en la presentación. (Télam)