El gobierno nacional entró en tiempo de descuento para cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario. Con un plazo que vence este viernes a las 9.30 horas, la administración central debe acatar el fallo judicial que confirma la vigencia de la normativa, lo que implicaría un desembolso estimado en 2,5 billones de pesos.

Desde la Casa Rosada ya advierten que esta erogación impactará de forma negativa en las cuentas públicas. "Hoy en día no vamos a pagar. Lo digo así porque realmente no tenemos la plata", confió una fuente oficial, señalando que el jefe de gabinete, Manuel Adorni, es el responsable de redistribuir los fondos presupuestarios para intentar cumplir con la medida. El mensaje que emana del oficialismo es tajante: la aplicación de la legislación marcará el regreso del déficit fiscal.

A pesar del escenario adverso, el Poder Ejecutivo planea agotar las instancias legales mediante un recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. No obstante, en los despachos oficiales admiten que es altamente improbable que el máximo tribunal conceda un efecto suspensivo a la medida en el corto plazo.

"La Corte te tiene que conceder el efecto suspensivo y eso no ocurrió todavía, es altamente improbable que nos lo conceden", indicaron desde un despacho gubernamental de alto rango.

La medida cautelar exige que el Estado cumpla de inmediato con los artículos cinco y seis de la Ley 27.795, los cuales establecen la actualización de los salarios para el personal docente y no docente de las universidades públicas. Ante la falta de fondos inmediatos, en el Gobierno ya analizan esquemas para dosificar el pago de los montos fijados por la justicia.

Por su parte, desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) sostienen que, de no mediar una suspensión judicial, el pago debe iniciarse de manera efectiva. Voceros del sector académico manifestaron que sería necesario llamar a paritarias para que los salarios se ajusten a la inflación, sugiriendo que el primer paso de la Nación podría ser el incremento en el monto destinado a las becas universitarias.

En términos procesales, existen tres casos puntuales donde la justicia otorgó efectos suspensivos en situaciones similares, pero el limbo legal actual obliga al cumplimiento de la transferencia de fondos mientras se resuelve la queja ante la Corte Suprema. El costo total de la medida, que el oficialismo intentó vetar sin éxito tras la insistencia del Congreso, representa un desafío financiero de gran escala para el presidente Javier Milei.

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