El Gobierno disolvió el fondo fiduciario del Procrear: qué pasará con los créditos ya otorgados
El programa de acceso a la vivienda fue desactivado oficialmente por el Ministerio de Economía. Los préstamos vigentes seguirán en manos del Banco Hipotecario.

El Gobierno nacional oficializó la disolución del Fondo Fiduciario del Programa Procrear, histórico plan de créditos para la vivienda propia. La medida fue publicada en el Boletín Oficial a través de la Resolución 764/2025, firmada por el Ministerio de Economía, que argumentó altos costos fiscales, problemas de control y una baja eficiencia en la gestión del programa.
Recibí las noticias en tu email
Accedé a las últimas noticias desde tu emailSegún informes de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), el Procrear presentaba irregularidades en la ejecución de convenios, demoras en la entrega de viviendas y múltiples reclamos por deficiencias habitacionales. Además, el informe cuestiona la transparencia de su administración.
Puede interesarte
¿Qué era el Procrear?
Lanzado en 2012, el Procrear fue una de las principales políticas públicas para facilitar el acceso a la vivienda. El plan, impulsado en su origen por el Estado nacional junto al Banco Hipotecario, ofrecía créditos para la construcción, compra o refacción de viviendas. Los beneficiarios eran seleccionados a través de sorteos y, con el tiempo, se incorporaron sistemas de actualización como el índice UVA.
El fondo fiduciario creado para sostener el programa funcionaba como una herramienta estatal para brindar soluciones habitacionales a sectores sociales que no podían acceder al sistema bancario tradicional.
Créditos otorgados: qué pasará ahora
Pese a la disolución del fondo, los créditos ya otorgados seguirán en pie. El Ministerio de Economía firmará un nuevo contrato con el Banco Hipotecario para que continúe administrando los préstamos bajo los términos originales. La resolución también habilita al banco a vender carteras con baja cobrabilidad (menos del 40%) y a transferir inmuebles sin uso a otros organismos del Estado, como la AABE.
El patrimonio restante —bienes muebles, inmuebles y causas judiciales vinculadas al programa— quedará bajo control del Ministerio de Economía.