El Gobierno extendió a las cárceles provinciales el bloqueo del uso de telefonía celular

El Gobierno nacional oficializó la extensión del bloqueo de celulares en cárceles provinciales para aquellas jurisdicciones que decidan adherir al protocolo nacional. La medida, formalizada a través de la Resolución 734/2026 del Enacom publicada en el Boletín Oficial, busca inhabilitar equipos, tarjetas SIM y líneas activadas dentro de los penales para evitar que los dispositivos sean utilizados para planificar o coordinar delitos desde el encierro.

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El mecanismo, que ya se encontraba vigente en las unidades federales, establece que las empresas de comunicaciones móviles deberán bloquear tres elementos clave de cada dispositivo detectado: el IMEI, que identifica al equipo; el IMSI, asociado a la tarjeta SIM; y la línea telefónica vinculada. El alcance de la normativa comprende a los aparatos que se activen tanto en el área de detención como en sectores de acceso restringido al público.

La implementación no será automática ni quedará bajo la órbita exclusiva de las compañías telefónicas. Según se detalla en el Boletín Oficial, cada bloqueo requerirá una solicitud expresa del Ministerio de Seguridad de la Nación, organismo que actuará como el único canal para comunicar a las prestadoras los pedidos efectuados por las provincias adheridas. De esta manera, el Gobierno nacional centralizará el envío de datos y la activación del procedimiento.

La iniciativa surgió tras una presentación del Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza ante el Enacom. La ministra de Seguridad, Mercedes Rus, había advertido sobre la problemática del uso de teléfonos en penales bajo administración provincial y solicitó un respaldo legal claro. Al respecto, la funcionaria mendocina planteó la necesidad de integrar a los penales subnacionales al esquema preventivo, lo que llevó a la provincia a impulsar una licitación para adquirir plataformas de localización e inhibición selectiva.

La resolución modifica el artículo 5 del régimen aprobado en 2016 y exige que la tecnología utilizada evite afectar las comunicaciones fuera del perímetro penitenciario, protegiendo así a vecinos y comercios cercanos. Asimismo, las prestadoras deberán registrar y conservar todas las gestiones realizadas bajo criterios de integridad y trazabilidad.

El Enacom recordó que la Ley 24.660 prohíbe en su artículo 160 las comunicaciones telefónicas mediante equipos móviles dentro del sistema penitenciario. La medida cobra relevancia tras el caso judicial del 21 de febrero de 2026, cuando la jueza Andrea Rodríguez Mentasty ordenó el decomiso de teléfonos a cuatro detenidos acusados de integrar la denominada Banda del Millón, quienes operaban desde sus celdas.

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