El gobierno nacional envió al Senado de la Nación un proyecto de ley que busca modificar sustancialmente la Ley de Emergencia en Discapacidad. La iniciativa, denominada “Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez”, propone nuevas restricciones para los beneficiarios y redefine los criterios para acceder a la ayuda estatal, en un contexto marcado por la eliminación de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

El eje principal de la propuesta es la derogación de los artículos cinco, ocho, nueve, 14 y 20 de la Ley N° 27.793. Según el texto oficial, de aprobarse la norma, se exigirá un reempadronamiento obligatorio para todos los titulares de pensiones por invalidez. Los beneficiarios deberán acreditar nuevamente su condición médica, situación socioeconómica y antecedentes laborales para mantener el cobro.

“Aquellos que no lo hagan sufrirán una suspensión automática de la pensión y la pérdida del beneficio”

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El proyecto establece un proceso de fiscalización que incluye el cruce de información entre la ANSES, ARCA, SINTyS y otros organismos públicos. Ante cualquier inconsistencia detectada, se permitirá suspender la pensión de manera “preventiva”. Asimismo, el nuevo sistema fija el monto de la prestación en el 70 por ciento del haber mínimo jubilatorio, pero elimina la posibilidad de otorgar aumentos por zona geográfica desfavorable.

En cuanto al ámbito laboral, la normativa plantea una incompatibilidad absoluta con cualquier empleo formal. Esto significa que una persona con discapacidad no podrá acceder a un trabajo registrado y mantener el beneficio simultáneamente. El texto señala que esta medida:

“Elimina la posibilidad de que una persona con discapacidad acceda a un trabajo registrado y mantenga el beneficio, endureciendo una de las condiciones”

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Por otro lado, la iniciativa también apunta a los beneficios de las organizaciones, eliminando programas de inclusión y reconocimiento para empresas que contraten a personas con discapacidad. Además, introduce cambios en el financiamiento al autorizar convenios entre la Nación, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo que desregula la negociación por obra social al eliminar virtualmente el nomenclador de aranceles.

Finalmente, el proyecto contempla que el valor de las prestaciones se ajuste trimestralmente por el IPC. Desde la Casa Rosada se optó por el ingreso de la norma a través de la Cámara alta al considerar que allí es más factible alcanzar un número mayoritario de votos, a pesar de la tensión que se espera en los bloques que anteriormente apoyaron la emergencia.

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