El Gobierno prorrogó la emergencia energética hasta fines de 2027
La medida fue oficializada a través de un decreto que busca garantizar la sostenibilidad del servicio ante la persistencia de condiciones críticas en el sistema.
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El Gobierno nacional oficializó la prórroga de la emergencia energética hasta el 31 de diciembre de 2027. La decisión, plasmada en el Decreto de Necesidad y Urgencia 585/2026 publicado este lunes en el Boletín Oficial, abarca los segmentos de generación, transporte y distribución de energía eléctrica con el objetivo de asegurar la continuidad del servicio público.
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Accedé a las últimas noticias desde tu emailLa medida se fundamenta en la persistencia de condiciones técnicas y económicas críticas. Según los informes oficiales, el sistema opera con márgenes de reserva operativa muy reducidos, los cuales alcanzaron apenas un 4,4% frente a los picos de demanda registrados en febrero de 2025.
El texto oficial advierte sobre el estado de la infraestructura y el envejecimiento del parque generador. Al respecto, el decreto detalla que
“más del 60% de las fallas en el sector distribución se producen en alimentadores de más de 25 años de antigüedad”.
Asimismo, se puntualizó que el sistema de transporte presenta limitaciones estructurales severas, con estaciones transformadoras que registran niveles de carga superiores al 90%.
En cuanto al aspecto financiero, el Ejecutivo destacó que, si bien la tasa de cobrabilidad de Cammesa mejoró del 48% al 97%, aún persiste una brecha entre el costo de generación y lo que abonan los usuarios. A mayo de 2026, el Precio Estacional pagado por los usuarios residenciales subsidiados representaba aproximadamente solo el 24% del costo real de abastecimiento.
El Gobierno sostiene que la emergencia permite una transición gradual hacia el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados para evitar impactos abruptos en los sectores más vulnerables. Finalmente, el decreto advierte que una interrupción de la emergencia podría derivar en discontinuidades regulatorias, demoras operativas y una afectación directa sobre la continuidad del servicio público de electricidad.