El plenario de comisiones objetó el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional del Gobierno

La iniciativa incluye sanciones penales y económicas a empresas extranjeras que exploten recursos naturales en las Islas Malvinas, pero también contiene reformas profundas en el sistema de seguridad y defensa nacional.

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El oficialismo empieza a calentar motores para dictaminar la semana que viene, con la expectativa de llevar el proyecto al recinto el 21 de octubre.

La iniciativa del Gobierno, de 133 artículos, endurece sanciones económicas y penales a la explotación económica en Malvinas sin autorización argentina pero también rediseña las áreas de defensa, inteligencia y seguridad en Argentina y supone una amenaza a la opinión libre.

La oposición denuncia un “caballo de Troya” para subordinar la política de seguridad y defensa al plan de “contrainsurgencia” de Estados Unidos para América Latina.

La estrategia de Unión por la Patria, el principal bloque de la oposición, es lograr que el oficialismo acepte reducir el proyecto a los artículos que contienen sanciones penales y económicas, y dejar afuera todo lo demás.

Por el Centro Ex Combatientes Islas Malvinas (Cecim), Jerónimo Guerrero Iraola comparó al Gobierno de Javier Milei con el de Mauricio Macri y aseguró que “ha regalado la iniciativa al Reino Unido en el Atlántico Sur”.

“Mientras vende humo, favorece el serviclismo al Imperio británico”, disparó el referente, que consideró que el proyecto del Gobierno como “un punto más en el plan sistemático de entrega de la soberanía”.

Más críticas

A su turno, Paula Litvachky del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) advirtió que la iniciativa “reconfigura áreas centrales del Estado para dar lugar al Estado antiterrorista”.

“El proyecto intenta una reconfiguración profunda de áreas centrales del estado, para dar lugar al estado antiterrorista, que reorganiza el aparato de defensa, seguridad e inteligencia bajo el paraguas de la seguridad nacional”, señaló.

“Esta idea de seguridad nacional opera como marco político para justificar una fuerte concentración de poder en el Ejecutivo, el despliegue de medidas de excepción en forma normalizada”, afirmó.

La representante del organismo de Derechos Humanos alertó que el proyecto “amplía la persecución del terrorismo” con la consecuente una “restricción de libertades civiles”, y lo hace a través de una “definición muy laxa” sobre lo que significa el “terrorismo” y la “amenaza externa”.

“Porque esto deja abierta la puerta a la discrecionalidad y la arbitrariedad estatal. Y, por lo que se ve en otros países de la región, el resultado es la securitización (es decir, la criminalización) de conflictos o de fenómenos sociales”, agregó. NA

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El Eco de Tandil

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