Eliminar impuestos distorsivos en Argentina llevaría más de una década

La mayoría de los sectores productivos, especialmente aquellos que han visto afectada su competitividad, reclaman una baja en la carga tributaria y la eliminación de los impuestos considerados distorsivos. Según un informe elaborado por Osvaldo Giordano para el Ieral, profundizar esta reducción sin comprometer el equilibrio fiscal es un proceso complejo que podría demandar más de 10 años.

El documento señala que tributos como los derechos de exportación, el impuesto sobre los débitos y créditos bancarios, Ingresos Brutos, Sellos y diversas tasas municipales representan una recaudación equivalente a más del 7% del PBI. Estos impuestos constituyen una fuente clave de financiamiento para los tres niveles de gobierno, lo que dificulta su eliminación inmediata. Después de años de desorden macroeconómico, establecer alivios tributarios sin financiamiento sería muy contraproducente.

Ante este escenario, el informe propone una estrategia de gradualismo tributario. La premisa fundamental es que cualquier baja de impuestos debe estar precedida por una reducción del gasto público. El Ieral advierte sobre la dinámica expansiva de ciertas partidas, como el gasto previsional, que absorbe una proporción significativa del presupuesto nacional y de 13 provincias. Sin una reforma en este sector, el gasto público total corre el riesgo de superar a la inflación.

Plazos y proyecciones

El estudio evaluó la viabilidad de esta transición bajo un escenario optimista de crecimiento real sostenido del 3,3% anual. Bajo estas condiciones, el Estado nacional necesitaría 11 años para compensar la pérdida de recursos derivada de eliminar las retenciones y el impuesto al cheque. En detalle, el campo debería esperar casi cuatro años para la eliminación total de las retenciones, mientras que el impuesto a las transferencias bancarias recién podría desaparecer siete años más tarde.

A nivel provincial, los plazos se extienden significativamente. Incluso destinando el aumento de la coparticipación a reemplazar la recaudación de Ingresos Brutos y Sellos, las jurisdicciones más grandes enfrentarían procesos extensos: 14 años en Santa Fe y Mendoza, 16 años en Córdoba y casi 20 años en la provincia de Buenos Aires.

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