Especialistas en materia jurídica coincidieron en la necesidad de establecer un límite de tiempo a la duración del mandato del Procurador General de la Nación, así como en modificar el reglamento para designar al jefe de los fiscales con mayoría simple. Fu durante una audiencia realizada en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado. De esta forma, la cámara alta, con la presencia de especialistas en derecho, retomó el debate de los proyectos de ley que modifican la ley orgánica del Ministerio Público con respecto a la duración del cargo del Procurador General de la Nación, que en la actualidad no tiene límite más que el de la edad, de 75 años. El análisis en el Senado se apoya en tres proyectos de ley presentados por los senadores opositores Martín Lousteau y Lucila Crexell para modificar la Ley del Ministerio Público con respecto a la duración de los mandatos. En su exposición de ayer, el presidente del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales y Profesor de Posgrado de Derecho Procesal Penal en la Universidad de Buenos Aires, Ernesto Binder, recordó que “todos los países de América Latina que pasaron a un sistema acusatorio abandonaron la idea del carácter vitalicio del Ministerio Público” y agregó que también tomaron ese camino Santa Fe, Salta, Córdoba y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En cuanto a las mayorías necesarias, Binder reflexionó: “Si se opta por un mandato de cuatro años, con cambio de Gobierno y de Procurador, el número de la mayoría se puede relajar” y pasar de dos tercios, como es actualmente, a la mitad más uno de los votos de los integrantes del Senado. “Si uno va a los modelos de seis años y que el Procurador trabaje con Gobierno de distinto signo: es mejor tener el número de los dos tercios para que el procurador tenga consenso de la dirigencia política”, diferenció. Coincidió con Binder el abogado Maximiliano Rusconi, exfiscal general de la Procuración General de la Nación y abogado de, entre otros, el expresidente y hoy senador Carlos Menem, del excolaborador del fiscal Alberto Nisman, Diego Lagomarsino; y del exministro de Planificación Julio De Vido. Además, aconsejó a los senadores “menos adrenalina para obstaculizar el pliego que propone el Poder Ejecutivo (del juez federal Daniel Rafecas como procurador) y más control a Procuración”. Finalmente, Daniel Erbetta, ministro de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, planteó que en una República “hay periodicidad para todos” y adjudicó a los procuradores un “rol decisivo porque tienen a su cargo el diseño de la política de persecución penal”. (Télam)
