Fallo en EE.UU.: ordenan a Argentina entregar el 51% de YPF a los demandantes
La jueza Loretta Preska ordenó que el Estado argentino transfiera el 51% de las acciones de YPF al fondo Burford Capital como parte del fallo por la expropiación de 2012. El Gobierno podrá apelar, pero con plazos muy ajustados.
En un fallo de alto impacto judicial y político, la jueza Loretta Preska, del Tribunal del Segundo Distrito de Nueva York, ordenó este lunes a la República Argentina entregar el 51% de las acciones de YPF como parte del cumplimiento del fallo que condenó al país a pagar más de 16.000 millones de dólares por la expropiación de la petrolera en 2012.
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Accedé a las últimas noticias desde tu emailLa resolución establece que la Argentina deberá transferir sus acciones clase D de YPF a una cuenta de custodia global en el Bank of New York Mellon (BNYM) dentro de los próximos 14 días, e instruir al banco para que inicie la transferencia de propiedad a favor de los demandantes, encabezados por el fondo Burford Capital.
El país podrá apelar la medida, pero fuentes cercanas al caso advierten que el margen de acción es acotado debido a los plazos establecidos. Sebastián Maril, CEO de Latin Advisors y uno de los principales analistas del caso, fue quien difundió la noticia a través de su cuenta de X. En declaraciones a reconocido medio nacional, Maril subrayó: “Argentina va a apelar, sin dudas, algo que puede durar un año y medio, y podría haber negociaciones en el medio, algo que hasta ahora el país nunca quiso hacer. Ahora deberá hacerlas”.
Un fallo sin precedentes y resistido por EE.UU.
La decisión judicial llega tras años de litigio impulsados por Burford Capital, que en 2015 compró los derechos a litigar de antiguos accionistas de YPF. Desde entonces, la estrategia del fondo incluyó una serie de pedidos de embargos y medidas cautelares, interpretadas por fuentes judiciales como parte de una presión para forzar una negociación.
El fallo ha sido calificado de “inédito” por expertos en derecho internacional, no solo por su alcance sobre acciones de una empresa estratégicamente estatal, sino también por haber sido dictado pese a la oposición del propio Departamento de Justicia de Estados Unidos.
En un escrito presentado en noviembre de 2024 —cuando aún Joe Biden era presidente— el fiscal Damian Williams advirtió que la entrega forzosa de acciones violaría la Ley de Inmunidad Soberana de EE.UU., y recomendó rechazar el pedido de Burford.
“La medida cautelar y la orden solicitadas violarían las normas de inmunidad soberana de ese país y no deberían ser concedidas por la Corte”, indicó el documento oficial.
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Consecuencias políticas y económicas
La sentencia no solo podría modificar la estructura de propiedad de YPF, sino que también plantea un fuerte desafío para el gobierno argentino, que según la Constitución necesita aprobación del Congreso para transferir activos estratégicos.
“Es imposible que sin aprobación del Congreso se entreguen las acciones. Si Milei quisiera hacerlo, sería un problema para Burford porque debería hacer una oferta pública, algo que ni por cerca quiere hacer. Ellos quieren negociar”, explicó Maril.
Por lo pronto, la incertidumbre recae ahora sobre YPF, que queda bajo la sombra legal de un posible cambio forzado de control. “Deberán vivir con ese fantasma por mucho tiempo”, concluyó Maril.
Lo que dice el fallo
Preska fundamentó su decisión en el rol activo del Estado argentino en la conducción de YPF desde la expropiación: “Desde abril de 2012, la República ha controlado las principales decisiones empresariales y financieras de YPF por medio de su participación mayoritaria en la compañía”, destacó.
En paralelo, abogados y expertos señalan que esta decisión puede ser suspendida si la Corte de Apelaciones lo dispone, por lo que la historia judicial de la expropiación de YPF —que ya lleva más de una década— está lejos de concluir.