De acuerdo a la imputación, el exmagistrado cobraba sobornos a cambio de acceder a diferentes beneficios procesales, al tiempo que también estarían involucrados uno de los hijos, la esposa del Bento y otras 22 personas.

Los investigadores constataron que desde 2007 existía una asociación ilícita que concedía la libertad a detenidos o imputados y reducía medidas coercitivas a cambio de vehículos, coimas en dólares e inmuebles, motivo por el que la impunidad se garantizaba a través de las resoluciones que establecían faltas de mérito, sobreseimientos o modificaciones en las carátulas de las causas.

Los delitos que se le formularon a Bento son asociación ilícita en calidad de jefe, en concurso real con cohecho pasivo agravado (once hechos) en calidad de autor, en concurso ideal con el delito de prevaricato en calidad de autor, todo a su vez en concurso real con el delito de omisión y retardo de justicia en calidad de autor.

Además, se encuentra sindicado por supuesto enriquecimiento ilícito, lavado de activos agravado por ser funcionario, falsedad ideológica (dos hechos) en concurso real entre sí y en grado de coautor, abuso de autoridad (diez hechos) como coautor en concurso real entre sí en concurso ideal; con el delito de desobediencia respecto de una orden emanada de autoridad judicial por dos hechos en concurso real entre sí y en concurso ideal con el delito de ocultamiento de un objeto destinado a servir como prueba.

A Marta Boiza, la mujer del exfuncionario judicial, se le endilgó las figuras penales de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, mientras que Nahuel Bento (ex secretario de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza y descendiente de Bento) habría cometido lavado de activos de origen ilegal. NA

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