La Justicia avaló el cambio de domicilio de la AFA y anuló la intervención del Gobierno
La Cámara Nacional en lo Civil convalidó el traslado de la sede social de la entidad deportiva y dejó sin efecto la designación de veedores dispuesta por el Ministerio de Justicia.
La Cámara Nacional en lo Civil avaló este miércoles el cambio de domicilio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la provincia de Buenos Aires. Con esta resolución, el tribunal anuló la resolución del Ministerio de Justicia que había dispuesto la designación de veedores en la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia.
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Accedé a las últimas noticias desde tu emailEn 2024, a través de una asamblea de representantes, la AFA determinó el traslado de su sede social a Pilar, inscribiéndola en dicha jurisdicción. Los camaristas Gabriel Rolleri, Maximiliano Caia y Juan Manuel Converset determinaron que el control de legalidad y las facultades de fiscalización sobre la entidad quedaron consolidados bajo el organismo provincial.
El fallo judicial declaró la nulidad de la Resolución Particular 140/26 emitida por la Inspección General de Justicia (IGJ) el 18 de febrero de 2026, así como también la nulidad de la RESOL-2026-128-APN-MJ, dictada el 16 de marzo de 2026 por el ministro de justicia de la nación, Juan Bautista Mahiques, que establecía una intervención por 180 días hábiles.
“Quedó definitivamente consolidado bajo este organismo el control de legalidad y las facultades de fiscalización sobre esta entidad”.
Los magistrados argumentaron que, una vez que la Dirección Provincial de Personas Jurídicas bonaerense autorizó la inscripción del cambio de jurisdicción mediante la resolución 9000/2024, la IGJ perdió competencia para realizar inspecciones o cuestionar el domicilio declarado. Según el tribunal, someter a la entidad a un doble control de legalidad resulta incompatible con el sistema federal y los principios del derecho administrativo.
La medida de intervención, que había sido solicitada por la IGJ tras detectar irregularidades en el funcionamiento institucional y registral de la entidad, queda así desactivada tras el fallo de la Cámara Nacional en lo Civil.
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