La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal dispuso que el gobierno nacional deberá aplicar de manera inmediata la Ley de Financiamiento Universitario (27.795). La resolución judicial llega tras el rechazo de la apelación presentada por el Poder Ejecutivo Nacional, ratificando la plena vigencia de la norma sancionada por el Congreso durante el año pasado.

El tribunal hizo hincapié en que tanto la Cámara de Diputados como el Senado votaron a favor del proyecto por mayoría, desestimando así los argumentos en los que se apoyaba el oficialismo para no aplicar la normativa. En el fallo, la Justicia exigió la recomposición salarial docente y no docente, un proceso que se encuentra paralizado desde hace meses y que motivó diversas medidas de fuerza en todo el país.

En la misma línea, la Cámara resolvió que el gobierno deberá poner en marcha, a la brevedad, la actualización de las becas estudiantiles. Los magistrados aseveraron que la suspensión de la ley a través de un decreto es ilegítima, lo que representa un duro revés para la estrategia legal encabezada por la Procuración del Tesoro.

La medida cautelar original había sido dictada en diciembre pasado, luego de un amparo presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Esta resolución se dio a conocer luego de tres semanas de paro nacional universitario, que afectó el funcionamiento de la mayoría de las casas de altos estudios en reclamo de una mejora presupuestaria y salarial.

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