La defensa de Lucas Pertossi, uno de los ocho condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa, presentó un pedido formal ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Dolores para que se disponga el reemplazo de la prisión preventiva por medidas menos restrictivas. El planteo, realizado por abogados de la Defensoría de Casación bonaerense, solicita que se analicen alternativas como la detención domiciliaria o el monitoreo electrónico.

El escrito dirigido al juez Christian Ariel Rabaia sostiene que la medida cautelar sobre el joven ya superó el “plazo razonable” y que la situación actual vulnera garantías constitucionales. Los defensores remarcaron que la prisión preventiva

“no puede ser entendida como una forma de adelanto de pena, sino únicamente como un instrumento provisional destinado a neutralizar riesgos procesales concretos vinculados al peligro de fuga o al entorpecimiento de la investigación”.

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Lucas Pertossi permanece detenido desde el 18 de enero de 2020, acumulando más de seis años de prisión sin una condena firme. Cabe recordar que el joven fue sentenciado a 15 años de cárcel en febrero de 2023. Según la defensa, este tiempo excedió los estándares de razonabilidad, citando normas de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y fallos de la Suprema Corte bonaerense para insistir en la revisión periódica de la medida.

Respecto a los riesgos procesales, los abogados aseguraron que ya no existe peligro de entorpecimiento porque la investigación se encuentra “completamente concluida” y el debate oral “ya fue celebrado”. Además, destacaron que el condenado no posee sanciones disciplinarias en el sistema penitenciario y se encuentra cursando estudios universitarios en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata.

Finalmente, el pedido también fundamentó el requerimiento en el contexto de sobrepoblación y hacinamiento carcelario en la provincia de Buenos Aires. La solicitud contempla medidas alternativas como presentaciones periódicas ante la autoridad judicial, la prohibición de salida del país o la fijación de cauciones, opciones previstas en el Código Procesal Penal bonaerense para asegurar la sujeción del imputado al proceso sin mantenerlo en prisión.

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