Malvinas: el Gobierno amplió las denuncias penales contra 27 empresarios por actividades petroleras

El Gobierno de Javier Milei amplió las denuncias penales por las actividades hidrocarburíferas en las Islas Malvinas e identificó a 27 empresarios, ejecutivos y directivos vinculados con las compañías que participan de los proyectos petroleros. Las presentaciones fueron impulsadas por el canciller Pablo Quirno, en su condición de autoridad de aplicación de la Ley 26.659, con el patrocinio de la Procuración del Tesoro de la Nación, que encabeza Sebastián Amerio.

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Los nuevos escritos incorporan a la investigación a Rockhopper Exploration (Hydrocarbons) Limited, Rockhopper Exploration (Oil) Limited, Borders & Southern Falkland Islands Limited, Borders & Southern Petroleum PLC y Desire Petroleum Limited. Asimismo, profundizan la pesquisa sobre personas relacionadas con Navitas Petroleum Limited Partnership, Navitas Petroleum Development & Production Limited y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd.

Un cambio en la estrategia judicial

Una de las presentaciones amplía la causa CFP 4437/2026, que tramita ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°12, a cargo de Julián Ercolini, para incorporar nuevos hechos y sociedades vinculadas principalmente con el proyecto Sea Lion. Esta etapa busca determinar quién tomó las decisiones, quién estructuró el financiamiento y quién dirigió las operaciones, superando la identificación exclusiva de las empresas.

De las 27 personas físicas individualizadas, 16 no figuraban en las listas administrativas previas. El Gobierno sostiene que la pesquisa debe reconstruir la cadena concreta de decisiones mediante la cual las compañías resolvieron avanzar con la exploración y el desarrollo. Los escritos subrayan que la aparición de los nombres no implica una imputación automática, sino que la justicia deberá evaluar la intervención concreta de cada individuo en la planificación, financiación o ejecución de las actividades.

Marco legal y antecedentes

Las denuncias se apoyan en los artículos 7, 8 y 9 de la Ley 26.659, que sanciona las actividades hidrocarburíferas realizadas en la Plataforma Continental Argentina sin autorización. El artículo 7 prevé penas de cinco a quince años de prisión, dependiendo de si se trata de exploración o extracción. Por su parte, el artículo 8 permite avanzar sobre la responsabilidad de directores, gerentes y administradores que hayan intervenido en los hechos.

El Estado argentino solicita además medidas de cooperación internacional para obtener información bancaria y financiera, dejando abierta la posibilidad de investigar delitos como asociación ilícita y lavado de activos. La ofensiva busca establecer si existen responsabilidades penales individuales por las actividades desarrolladas en la zona de las islas.

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