Malvinas: el Gobierno rechaza las críticas británicas y defiende el arbitraje internacional

El Gobierno argentino rechazó este jueves las críticas del Reino Unido respecto al arbitraje internacional impulsado por la Argentina por la explotación de hidrocarburos en el área de las Islas Malvinas. A través de un comunicado oficial, la Cancillería sostuvo que recurrir a un tribunal internacional constituye un mecanismo legítimo y pacífico para resolver controversias.

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El Palacio San Martín cuestionó que Londres caracterizara el recurso argentino al arbitraje, en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar), como un intento de socavar derechos. Al respecto, el organismo oficial afirmó:

“Nada más alejado de la realidad; someter una controversia a un tribunal internacional imparcial es el acto más responsable que puede realizar un Estado”.

El pronunciamiento se produjo luego de que el Reino Unido objetara la decisión argentina de iniciar un procedimiento de arbitraje para intentar impedir la explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte, particularmente a través del proyecto Sea Lion. El Gobierno había instruido el 28 de septiembre a la Cancillería y a sus equipos jurídicos a avanzar por esa vía.

En su respuesta, la Argentina remarcó que tanto el país como el Reino Unido son Estados parte de la Convemar y que, al ratificarla, aceptaron los mecanismos previstos para la solución de controversias. Asimismo, el comunicado respondió a declaraciones de la ministra británica para los Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, quien defendió las actividades hidrocarburíferas británicas en la zona.

La Argentina afirmó que, si el Reino Unido considera que esas actividades se ajustan al derecho internacional, podrá defender su posición ante los árbitros independientes que intervengan en el procedimiento. Además, recordó que la comunidad internacional reconoce desde hace décadas la existencia de una disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, citando la Resolución 2065 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Finalmente, el Gobierno rechazó la utilización británica del principio de libre determinación de los pueblos para el caso de los habitantes de las islas y reafirmó su disposición a reanudar las negociaciones bilaterales para encontrar una solución pacífica a la controversia.

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