Polémica por la importación de una ciudad modular china para el proyecto Vicuña
La adjudicación del campamento Batidero a un consorcio asiático generó un fuerte rechazo en la industria nacional, que advirtió por la pérdida de empleos y el impacto en los proveedores locales.
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La adjudicación del campamento Batidero para un megaproyecto de cobre en San Juan desató una fuerte controversia en la industria argentina. El consorcio liderado por PowerChina, junto a Beijing Chengdong y la firma santafesina RAFA S.A., obtuvo el contrato para importar desde China una ciudad modular destinada a albergar a miles de trabajadores mineros.
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Accedé a las últimas noticias desde tu emailEsta decisión provocó un marcado rechazo en sectores industriales y empresariales locales, que advirtieron sobre la pérdida de empleo y la relegación de proveedores nacionales en uno de los proyectos de inversión más grandes del país. La obra prevé la instalación inicial de 2.500 camas, aunque la dinámica de trabajo rotativo llevará la cifra a entre 3.500 y 5.000 personas, con una demanda que podría escalar hasta 12.000 trabajadores.
El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción Modular, Juan Pablo Rudoni, destacó que la decisión impacta de manera directa sobre la cadena de valor local. Según sus cálculos, la producción nacional podría haber generado al menos 400 empleos directos, frente a los 50 que requiere la logística y montaje de los módulos importados.
Rudoni subrayó que la empresa china accedió a exenciones impositivas a través del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), lo que representa una ventaja decisiva. El dirigente recordó que la industria local cuenta con capacidad instalada suficiente, mencionando que empresas del rubro montaron 11 hospitales modulares en 40 días durante la pandemia.
El proyecto Vicuña, impulsado por Lundin Mining y BHP, se presenta como el emprendimiento minero más relevante de la historia argentina, con una inversión estimada de 18.000 millones de dólares hasta 2040. Ante este escenario, representantes de cámaras sectoriales solicitaron una mesa de diálogo con las empresas mineras para analizar el impacto real de la importación de infraestructura y buscar mecanismos que permitan una mayor participación de la industria nacional.
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