Por la reforma judicial, Oscar Parrilli tuvo un fuerte cruce con Daniel Sabsay
El abogado constitucionalista Daniel Sabsay denunció que la iniciativa tiene como meta la “impunidad” de los acusados por delitos de corrupción.
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En el discurso que pronunció en el marco del plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia del Senado, Sabsay criticó el decreto de creación del Consejo Consultivo para expedirse sobre el funcionamiento de la Justicia así como posibles modificaciones.
Cuestionó la composición del Consejo a la que tildó de “monocolor”, ya que tiene a “ocho de los once miembros afines al oficialismo”.
“No hay especialistas en cuestión propiamente dichas de carácter judicial o que se hayan desempeñado en algunos de los temas sobre los que les toca precisamente decidir”, evaluó.
En tanto, criticó la participación en dicho consejo asesor del abogado de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi, así como la de León Arslanian, al considerar que suponen “situaciones graves de conflicto de interés” porque “son abogados de varias de las personas más involucradas en delitos de corrupción”.
El constitucionalista también cuestionó “la voluntad de modificar el número de jueces de la Corte” y advirtió que “la quieren tornar no un guardián de las garantías constitucionales sino transformarla, dividiéndola en salas, con fueros”, lo cual definió como “inconstitucional” dado que “la Constitución es clarísima cuando expresa una sola Corte Suprema”.
En otro orden, denunció un supuesto intento del oficialismo para “sacar al procurador general interino, Eduardo Casal”.
Sobre la reforma que impulsa el Poder Ejecutivo en la estructura de administración de justicia, la calificó de “inoportuna”, “desprolija” e “improvisada”.
“Esto me confirma aún más que no es que se ha querido mejorar la institucionalidad: lo que se ha querido es asegurar la impunidad de todos aquellos que están sujetos a procesos por graves delitos contra la administración del Estado”, remató.
Entredicho
Al cruce de Sabsay salió Parrilli, que catalogó la exposición del letrado como un “alegato político-partidario”.
“Me ha decepcionado porque más que un argumento de tipo jurídico con respecto a la reforma, he escuchado por parte de él un alegato político-partidario, expresión de los medios de comunicación y algunos dirigentes políticos”, señaló.
“Me llamó la atención que hablara de impunidad cuando él sabe que todas estas leyes son para el futuro, no son para el pasado”, agregó el neuquino.
Luego Sabsay retomó la palabra y con disgusto dijo haberse sentido “descalificado” y “maltratado” por el senador kirchnerista.
Además, denunció que el proyecto de reforma judicial implicaría un “grave ataque a la libertad de expresión, porque se habla de que los jueces tienen que denunciar las presiones mediáticas”.
“Estoy frente a un dirigente político opositor”, chicaneó Parrilli, y agregó: “Respeto la opinión política como tal, y obviamente tenía que saltar al final con lo que saltó, la defensa de los poderes mediáticos”.
Dirigiéndose a la presidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales, María de los Ángeles Sacnun, quien presidió el plenario de comisiones, Sabsay dijo que no podía “permitir” que se lo “trate de esta manera”.
“Yo no estoy afiliado a ningún partido, ni pertenezco a ningún partido, por lo tanto lo que usted dice es absolutamente inválido. Yo no represento a ningún poder mediático, lo que quiero es que se respete la libertad de expresión y que se respete acá la libertad de expresión, usted me está atropellando”, retrucó el especialista.
A su turno, la interventora del Servicio Penitenciario Federal, María Laura Garrigós de Rébori, celebró “la oportunidad de traer el sistema acusatorio al sistema federal de justicia” que “rige en todas las provincias y en todos los países de América Latina”, con lo cual “nuestro sistema federal es el más atrasado de toda la región”.
Precisó que la incorporación de 23 jueces de primera instancia implicará el “0,1 por ciento del Presupuesto” y rechazó las “cifras fabulosas” que ciertos sectores aseguran a través de los medios que la reforma tendrá como costo económico.
“Estos jueces sólo significarán una erogación de un 30 por ciento más de lo que hoy se gasta en pago esos sueldos. Es decir, es un 0,1 por ciento del presupuesto acordado dentro del Presupuesto Nacional al Poder Judicial”, puntualizó.
El presidente del Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones, estimó que los 132 nuevos juzgados que verían la luz con la reforma judicial demandarían en principio “850 millones de pesos” y no tres mil millones, tal como habían difundido voces críticas del Gobierno. NA
