Primer aval para la instalación de las rejas en la Plaza de Mayo

La Legislatura porteña convalidó la instalación del enrejado que atraviesa la Plaza de Mayo para reforzar la seguridad de la Casa de Gobierno, en una medida sobre la cual especialistas en patrimonio urbano pusieron reparos al sostener que “fragmenta” el emblemático espacio aunque, al mismo tiempo, la consideraron “imprescindible”.

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La ley fue aprobada en primera lectura solamente con los votos del oficialismo porteño, y al ser una norma “de doble lectura” deberá ser discutida por la ciudadanía en una audiencia pública y retornar nuevamente al recinto de sesiones del Parlamento de la Ciudad para su sanción final.

La iniciativa fue elaborada, en rigor, por el Gobierno de la Ciudad en enero pasado, poco después que un fallo de la justicia porteña declarara como “ilegítimo” al enrejado, el cual fue dispuesto por la administración de Horacio Rodríguez Larreta y que va desde Hipólito Yrigoyen hasta la avenida Rivadavia, por detrás de la Pirámide de Mayo.

La medida, firmada por el juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario Osvaldo Otheguy hizo lugar a un amparo de la asociación Observatorio del Derecho a la Ciudad, y determinó que el Gobierno local debía sancionar una nueva normativa respecto de lo estipulado en el Código Urbanístico para la Plaza de Mayo.

La presidenta de la Comisión de Planeamiento Urbano de la Legislatura y diputada de Vamos Juntos, Victoria Roldán Méndez, explicó que “se da cumplimiento con la manda judicial que planteó que la Ciudad debe modificar la normativa”, y dijo que las rejas son esenciales para proteger a la Plaza de Mayo y a su patrimonio de “actos de vandalismo que ha sufrido”.

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La diputada Inés Gorbea, presidenta del bloque Evolución, señaló que el tratamiento de la ley se deriva de un “proceso de imposición de decisiones del Ejecutivo por fuera de las vías adecuadas, que luego busca ser corregido por un pedido judicial”.

En el mismo sentido, el legislador de Unidad Ciudadana Javier Andrade, acusó al oficialismo de “primero hacer la trampa y luego buscar modificar la ley”.

La norma sancionada abona “la instalación del cerco de seguridad con el objeto de proteger, conservar y mantener el patrimonio y espacio público urbano, así como también garantizar las cuestiones relativas a la seguridad de los ciudadanos y de la Casa Rosada”.

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Según se consigna en el texto, su despliegue, ocurrido en mayo del 2018 como parte de obras de remodelación a cargo del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, fue “por solicitud de la Casa Militar de la Presidencia de la Nación”.

Los vallados de seguridad comenzaron a verse a finales del 2001 y comienzo del 2002, como contención metálica inicialmente precaria para protección de la sede gubernamental durante manifestaciones populares; y luego se ampliaron, aferraron, soldaron y cementaron.

Según fuentes del Ejecutivo, en reemplazo de esas vallas se instalaron rejas y portones que cuentan con un sistema de plegado que “facilita el flujo del tránsito, mejorando los accesos” y el que “se puede desarmar en un período de entre seis y ocho horas”. (Télam)