Procesaron a José Luis Espert por lavado de dinero y le embargaron bienes por $1.000 millones

El exdiputado nacional de La Libertad Avanza (LLA), José Luis Espert, fue procesado este jueves por el delito de lavado de dinero de origen ilícito, en una causa que investiga fondos provenientes del empresario Federico “Fred” Machado. La resolución incluye un embargo de 1.000 millones de pesos y la prohibición de salir del país.

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La decisión fue adoptada por el juez federal Lino Mirabelli, en el marco de una investigación centrada en una transferencia de 200.000 dólares que Espert recibió en 2020, vinculada a un supuesto contrato de asesoramiento con la empresa minera guatemalteca Minas del Pueblo, relacionada con Machado.

En la misma resolución, el magistrado procesó a Mariano Alejandro Cosentino, contador del exlegislador, como partícipe necesario del presunto lavado de activos, y dispuso un embargo de 700 millones de pesos sobre sus bienes. También alcanzó a la sociedad familiar Varianza SA, a la que le fijó un embargo de 500 millones de pesos.

La decisión judicial recoge la hipótesis presentada por el fiscal federal Fernando Domínguez, quien en junio había solicitado la declaración indagatoria de Espert, que llegó a encabezar la lista libertaria para las elecciones legislativas de 2025.

De acuerdo con la investigación, el exdiputado habría utilizado los 200.000 dólares recibidos de una organización criminal transnacional para adquirir bienes y realizar inversiones. Entre las operaciones señaladas aparecen la compra de un automóvil BMW, un Lexus valuado en 130.000 dólares y la participación en un fideicomiso inmobiliario en Costa Esmeralda.

Los investigadores determinaron que el dinero ingresó a una cuenta bancaria de Espert en Estados Unidos mediante una transferencia realizada por Wright Brothers Aircraft Title Inc., una de las compañías vinculadas a la red de Machado, investigada por maniobras de lavado de dinero procedente del narcotráfico.

La explicación de Espert y las sospechas de la Justicia

Durante la investigación, Espert justificó el ingreso de los fondos mediante un contrato de asesoramiento con Minas del Pueblo, una compañía minera radicada en Guatemala.

Sin embargo, el fiscal Domínguez consideró que ese acuerdo habría sido una simulación destinada a otorgar apariencia legal a los fondos. Según la hipótesis de la acusación, la empresa habría funcionado como una pantalla para facturar servicios que nunca se prestaron.

El procesamiento se conoció luego de que la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín rechazara un planteo de nulidad presentado por la defensa del exlegislador, que había cuestionado distintas medidas de prueba incorporadas al expediente.

Entre sus argumentos, los abogados de Espert sostuvieron que el fiscal se había excedido en sus atribuciones al disponer diligencias posteriores a la declaración indagatoria. También objetaron la validez de testimonios recibidos sin notificación a la defensa y los pedidos de informes patrimoniales sobre el exdiputado, su pareja y otras personas que consideraron ajenas al proceso.

Además, cuestionaron la incorporación de informes de inteligencia calificados como secretos, a los que aseguraron no haber tenido acceso, y los peritajes realizados sobre teléfonos celulares y otros dispositivos secuestrados sin la posibilidad de designar un perito de parte.

Pese a esos planteos, la Cámara rechazó el pedido de nulidad, por lo que las medidas cuestionadas continuaron formando parte de la investigación.

Las restricciones que ya pesaban sobre el exdiputado

El procesamiento se suma a otras medidas cautelares que la Justicia había dispuesto anteriormente sobre el patrimonio de Espert.

El juez Mirabelli ya había ordenado la inhibición general de bienes y la prohibición de innovar sobre el patrimonio del exlegislador y de su esposa, María Mercedes González.

Esas restricciones fueron prorrogadas en marzo de 2026 y posteriormente confirmadas por la Cámara Federal de San Martín.

Con la nueva resolución, Espert quedó formalmente procesado por presunto lavado de activos, aunque la decisión no implica una condena definitiva. La causa continuará su recorrido judicial mientras se determina la responsabilidad penal de los involucrados.

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El Eco de Tandil

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