En una medida destinada a fortalecer la atención y garantizar la continuidad de los servicios para personas con discapacidad en todo el país, el Gobierno nacional dispuso una actualización del nomenclador de prestaciones con incrementos que oscilan entre el 29,7% y el 35,4%, aplicables en tres tramos consecutivos durante octubre, noviembre y diciembre de 2025.

El aumento fue resuelto tras la reunión del Directorio de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad, de la que participaron la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), el PAMI y la Superintendencia de Servicios de Salud. La medida fue posible gracias a una partida presupuestaria adicional otorgada por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, para afrontar los incrementos previstos en el último trimestre del año.

Desde Andis y el Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones, destacaron que se trata de una decisión concreta para “acompañar a los prestadores y garantizar la continuidad y calidad de la atención”.

El ajuste impactará sobre los valores del nomenclador nacional, la referencia oficial de los aranceles que perciben las instituciones, profesionales y servicios vinculados a la atención de personas con discapacidad. Entre los beneficiados se encuentran prestadores de internación, transporte, apoyo educativo y laboral, atención médica y rehabilitación, entre otros rubros esenciales.

La medida llega tras las elecciones legislativas en las que La Libertad Avanza obtuvo un amplio triunfo, y se concreta luego de casi un año sin incrementos significativos: el último aumento había sido del 0,5% en diciembre de 2024. La demora había provocado cortes de servicios, cierre de centros de atención y retrasos en los pagos.

Por esa razón, distintas organizaciones como el Foro Permanente de Discapacidad marcharon frente al Congreso y al Ministerio de Salud para exigir un aumento mayor y el cumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad, que prevé un incremento del 70%.

Recomposición y equidad

Desde el Poder Ejecutivo remarcaron que el incremento forma parte de una política de “normalización y previsibilidad” del sistema, diferenciándose de la gestión anterior. En ese sentido, fuentes cercanas a la Andis, cuyo interventor es Alejandro Vilches, afirmaron que la actualización “no sólo recompone valores, sino que restablece criterios de equidad y transparencia en la asignación de los fondos”, con el objetivo de asegurar que “la plata vaya donde corresponde”.

Restablecimiento de pensiones suspendidas

La semana pasada, el Ministerio de Salud acató la orden del juez federal de Catamarca, Guillermo Díaz Martínez, de restablecer 119.033 pensiones no contributivas por discapacidad laboral que habían sido suspendidas. Sin embargo, las autoridades confirmaron que los beneficios no se restituirán a las personas presas.

En un principio, la medida judicial había sido apelada por el interventor de la Andis, pero la justicia catamarqueña ratificó la decisión y ordenó “restablecer en un plazo de 24 horas la totalidad de las pensiones suspendidas y abstenerse de aplicar nuevas bajas hasta que se dicte una sentencia definitiva”.

La resolución fue publicada el 23 de octubre en el Boletín Oficial a través de la disposición 13901/2025 de la Andis.

El aumento beneficiará a miles de profesionales, instituciones y centros especializados que conforman la red nacional de atención a la discapacidad, con el objetivo de asegurar que los usuarios continúen recibiendo servicios de calidad sin interrupciones.

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