Las voces libertarias hicieron hincapié en que la medida fue “preventiva”. Es más: en la administración Javier Milei planifican “citar uno por uno a los responsables/directivos de cada uno de esos medios. En caso de comprobarse, se hará la denuncia que puede ser por traición a la patria o injerencia de una nación extranjera”, precisaron.

Para tomar esta determinación sobre los cronistas, el Gobierno se basó en un artículo publicado la semana pasada por la organización openDemocracy. El documento sostenía que un grupo de tareas ruso, denominado “La Compañía”, habría desembolsado 283 mil dólares para financiar más de 250 notas en 23 medios digitales argentinos con el fin de desgastar la gestión de La Libertad Avanza.

Uno de los profesionales que no pudo ingresar relató que se enteró de la situación cuando quiso ingresar.

Con lluvia de por medio, el periodista mostró datos y recibió como respuesta de que, por orden de la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei, le revocaron la huella de ingreso. “No nos dieron más explicaciones”, lamentó. NA

ADEPA solicitó evitar las generalizaciones

Mediante un comunicado, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) expresó su preocupación ante las recientes revelaciones difundidas por un consorcio internacional de periodistas, que dan cuenta de la existencia de una presunta campaña de espionaje y desinformación de origen extranjero, orientada a desacreditar al gobierno argentino y que, según se indica, habría utilizado contenidos publicados en medios locales.

“De confirmarse, se trataría de una maniobra inaceptable de injerencia externa y un intento de manipular el debate público bajo la fachada de producción de información profesional”, indicó la entidad.

ADEPA subrayó que “el periodismo cumple un rol esencial en la vida democrática, basado en la búsqueda de la información, la verificación de los hechos y la responsabilidad editorial correspondiente”.

Planteó que “este tipo de campañas ilegítimas no sólo distorsiona el sentido de ese trabajo, sino que puede afectar la confianza pública en los medios. Por eso, también es prudente evitar generalizaciones que puedan derivar en cuestionamientos genéricos al ejercicio profesional del periodismo”.

En este contexto, ADEPA exhortó a los medios a “extremar los procesos de verificación y a profundizar, hasta el límite de sus posibilidades profesionales, la fiscalización del origen y la trazabilidad de la información publicada, como resguardo esencial de la calidad periodística y de la confianza pública”.

Finalmente, instó a que “se profundice la investigación de los hechos y a que se adopten, en los ámbitos correspondientes, las medidas necesarias para prevenir este tipo de prácticas”.

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