Uatre denuncia una intervención "ilegal" del gobierno nacional en su convenio con Osprera
Según el comunicado de prensa compartido por el gremio, el convenio suspendido cierra 725 puntos de atención y deja desamparados a Trabajadores Rurales.
El interventor de la obra social de los trabajadores rurales (OSPRERA), Marcelo Petroni, designado por el gobierno nacional, suspendió unilateralmente un convenio que permitía la atención de beneficiarios en 725 puntos de atención y bocas de expendio distribuidos por todo el país. Esta medida, implementada el 24 de abril, fue calificada por el sindicato Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) como “ilegal” y ha dejado a miles de trabajadores y trabajadoras rurales “desamparados y sin atención”.
Recibí las noticias en tu email
Accedé a las últimas noticias desde tu emailSegún el comunicado de prensa compartido por el gremio, el convenio suspendido permitía que Osprera operara oficinas dentro de las instalaciones de la Uatre en todo el país. Este acuerdo, vigente desde hace muchos años, tenía como fin “ampliar la cobertura sin aumentar las erogaciones de la obra social”. La Uatre aportaba los costos de funcionamiento y el personal para la atención de los beneficiarios “sin cobrar nada a la obra social”. Además, el sindicato se hacía cargo de los "viáticos, traslados y alojamiento" de los beneficiarios para que pudieran acceder a los centros de atención, un detalle que, según el comunicado, la intervención omite referir.
El documento denuncia que las acciones de la intervención contradicen “la propia esencia del sistema de salud argentino”, el cual se funda en el régimen de las Obras Sociales Sindicales, establecido por ley y la Constitución Nacional. Se señaló también que el funcionario a cargo de la intervención evidencia un "preocupante desconocimiento, o una deliberada omisión" de este principio fundamental.
En los 725 puntos de atención cerrados, el personal del sindicato conocía a los trabajadores “de toda la vida”, sus padecimientos y necesidades. Realizaban gestiones diversas, desde autorizar estudios clínicos hasta brindar “contención” ante la "merma de prestaciones y cobertura" que la intervención estaría provocando, mencionando específicamente casos oncológicos y de HIV. La atención brindada era “cálida, humana y sensible”, y el sindicato subraya que "una pantalla o celular jamás podrá reemplazar" el conocimiento personal y la conexión con cada afiliado.
Puede interesarte
Una de las medidas más criticadas de la intervención ha sido el reemplazo de la atención presencial por un sistema de telemedicina5. El comunicado tilda esta decisión de "absurdo" o “impericia manifiesta”, argumentando que fuera de los ejidos urbanos “no existe cobertura digital suficiente” y que este formato no se ajusta al medio rural5. Esto, según la UATRE, "expulsa" a los afiliados, forzándolos a recurrir al sistema público de salud o a las “poquísimas filiales de atención actuales de la Osprera”.
José Antonio Voytenco, Secretario General de la UATRE, afirmó que esta medida, además de ser "completamente infundada e ilegal", en la práctica “excluye a nuestros beneficiarios de la obra social, dejándolos desamparados y sin atención”. Agregó que “queda de manifiesto la falsedad, impericia, deshonestidad intelectual, insensibilidad y perversa crueldad del interventor”.
La UATRE considera que las medidas tomadas por la intervención son “ilegales por contrarias a las leyes e ilegítimas” dado que el decreto de designación no habría habilitado al abogado Marcelo Petroni a tomarlas. El sindicato señala que el cambio habría sido asesorado por Carlos Saúl Castro, Gerente de Servicios a Beneficiarios de la Intervención, y apoyado por Delegados Provinciales que responden a Pablo Ansaloni, quienes “perdieron las elecciones en 2022”. Estos individuos, Petroni, Castro, Ansaloni y compañía, son identificados como los "verdaderos garantes" de negar el derecho fundamental a la salud de los trabajadores.
Finalmente, la UATRE aseguró a los trabajadores rurales que “la UATRE no los abandona” y que continuarán tomando las “medidas necesarias e institucionales para hacer saber la crítica situación”. El sindicato concluyó reafirmando su postura: “defenderemos nuestra obra social”.