Uber, Cabify y DiDi: la Justicia porteña exige licencia profesional a los choferes

La Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la Ciudad de Buenos Aires emitió una resolución que establece que los conductores de aplicaciones como Uber, Cabify y DiDi deberán tramitar una licencia profesional y contar con seguros específicos para continuar operando. La medida busca igualar las reglas de juego con las que ya cumplen los servicios de taxis y remises.

El fallo surge tras un reclamo impulsado por el Sindicato de Peones de Taxis. Los jueces Mariana Díaz, Fernando Enrique Juan Lima y Marcelo López Alfonsín entendieron que las plataformas digitales prestan un servicio de transporte de pasajeros y, por lo tanto, no pueden funcionar por fuera de los controles y exigencias del sector. Según la resolución, mientras no exista una ley específica que regule a estas empresas, sus choferes deben cumplir con los mismos requisitos que los taxistas, incluyendo habilitaciones y seguros profesionales.

En sus fundamentos, los magistrados remarcaron que las aplicaciones no pueden seguir operando en un vacío legal que les permita evitar controles regulatorios. Consideraron que Uber y otras plataformas forman parte de un servicio global de transporte y no solamente de una herramienta tecnológica, citando para ello antecedentes del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

La sentencia también cuestionó al Gobierno porteño por haber permitido durante años una apariencia de regularidad en el funcionamiento de las plataformas. El texto señala que, aunque la Ciudad calificaba a Uber como un servicio clandestino, permitía su publicidad en espacios públicos y no avanzaba con controles efectivos. Ante esta situación, la Justicia ordenó iniciar procedimientos para cobrar impuestos locales a las empresas y realizar campañas de difusión para advertir a los usuarios sobre posibles riesgos.

Finalmente, la Cámara determinó que, mientras persista esta diferencia regulatoria, el Gobierno de la Ciudad no podrá cobrar a los taxistas determinados aranceles administrativos vinculados a licencias y trámites de operación. Los jueces concluyeron que no se puede exigir un esquema de costos más pesado para un sector mientras otro compite sin obligaciones equivalentes.

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