Una ONG presentó una denuncia penal contra la jueza que suspendió el Régimen Penal Juvenil

“A través de nuestro apoderado, el doctor Fernando Soto, nos presentamos como querellantes en la causa penal que hicimos contra la juez Marta Pascual por Usurpación Funcional y Abuso de Autoridad”, indicó la organización en su cuenta de la red social X.

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Para la entidad, la determinación es “absolutamente arbitraria y contraria a Derecho” y viola la división de poderes, debido a que, la magistrada suspendió una norma que fue aprobada por el Congreso Nacional.

Es por eso que denunció a la jueza por los supuestos delitos de usurpación funcional y abuso de autoridad. En paralelo solicitó intervenir como amicus curiae en el habeas corpus que frenó la normativa.

Para la agrupación, la decisión de Pascual se basó en “una hipótesis de futuro” al argumentar un posible incremento de adolescentes detenidos y en consecuencia, problemas de alojamiento.

Sobre la posibilidad de que aumente la cantidad de jóvenes detenidos, la ONG recordó que la ley fija un máximo de 15 años para las penas privativas de libertad, prohíbe las condenas perpetuas y agrega medidas alternativas a la cárcel.

También exigió tener en cuenta la mirada de las víctimas de delitos y criticó que no se hubieran considerado de manera integral las medidas alternativas a la prisión establecidas en el nuevo régimen.

En X, la organización dejó en claro que “Usina de Justicia no dejará pasar el atropello de la jueza bonaerense Marta Pascal, quien suspendió la nueva Ley Penal Juvenil” y remarcó: “Por las víctimas siempre”.

La denuncia penal presentada por Usina de la Justicia se conoce el mismo día en que La Libertad Avanza de la provincia de Buenos Aires comunicó que pedirá el juicio político para Pascual. NA 

Garantismo bobo

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, rechazó el fallo de la jueza Marta Elba Pascual, quien suspendió por 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil.

A través de sus redes, el mandatario provincial calificó la medida respaldada por la magistrada de “garantismo bobo”, que busca excusas frente a la inseguridad, al mismo tiempo en que remarcó que los jueces deben hacer cumplir las leyes.

En el mismo plano, advirtió acerca de la impunidad de los menores que delinquen y quedan impunes, mientras que lo contrastó con la preparación que comenzó Santa Fe para aplicar la normativa sin restricciones. Además, resaltó que su provincia cuenta con la infraestructura necesaria, como institutos y dispositivos de monitoreo.

“Es muy grave lo que sucedió. Costó mucho dar ese debate, y en Santa Fe sabemos muy bien lo que pasa cuando los menores son impunes con la excusa de su edad. Roban y matan, y el Estado no puede hacer nada para frenarlos”, señaló el gobernador santafesino. NA

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