<h2>CABLES CORTADOS&nbsp;</h2>Como se viene informando en estas páginas en varias ediciones, la problemática por el robo de cables no cesa y marca la agenda ya no meramente judicial y policial; también la política, a partir de un flagelo que parece de difícil resolución.&nbsp;Hasta el más distraído sabe reseñar que el ilícito en cuestión no es novedoso e incluso, excede a Tandil. A tal punto que el comercio clandestino del cobre ubica a la Argentina en el top ten de los países exportadores,&nbsp; cuando su producción de extracción es&nbsp;ínfima comparada con países sí&nbsp;dedicados a la actividad.&nbsp;Pero trayendo la problemática al pago chico, no deja de sorprender a propios y extraños que una vez que las autoridades comunales alertaron sobre la recurrente queja vecinal por los perjuicios ocasionados, a lo que se sumó&nbsp;la propia Usina (la cual preside la comuna), empezaron a difundirse operativos policiales varios en pos de dar con los lugares de acopio del preciado material.&nbsp;Lo que reiteradamente observan los vecinos es que se llega al primer eslabón de la cadena delictiva, léase a los&nbsp;“soldaditos”&nbsp;que salen a cortar y robar el cable&nbsp;“por un cobre”, ya que la tajada claramente le acumula otro eslabón, hasta aquí&nbsp;desconocido.Salvando las distancias, se compara con la comercialización de estupefacientes. En la inmensa mayoría de los casos reportados y llevados a juicio y eventuales condenas, se llega al narcomenudeo, no más de ahí&nbsp;(aclarando que por competencia, tanto la Policía Bonaerense como la Justicia ordinaria pueden llegar hasta dicho eslabón; de encontrarse prueba de una asociación ilícita debe intervenir la fuerza y la Justicia federales).&nbsp;También se admite desde la Justicia que el delito perseguido suele toparse con frustraciones varias frente a una expectativa que no es tal, según reza el Código Penal. Incluso, hay discusiones de criterios si se trata de hurto o robo, lo que modifica relativamente una pena eventual. También se aclara desde las huestes judiciales: puede ser un delito detenible como también excarcelable, al decir del mismo código que los legisladores supieron concebir.&nbsp;Así&nbsp;las cosas, más allá&nbsp;de los flashes por algún operativo exitoso, el final del expediente resulta más que frustrante al paladar del ciudadano y de los damnificados que hasta ayer respiraban impotencia y por eso ya ni se molestaban en denunciar.&nbsp;<h3>CORTOCIRCUITOS</h3>A propósito del tendido eléctrico, en la semana surgió&nbsp;una escena confusa, que a priori no resultaría de mayor envergadura a no ser precisamente por los intereses y actores que están en juego.&nbsp;Trascendió&nbsp;sobre un operativo que la Usina había solicitado realizar relacionado con las conexiones clandestinas. Más precisamente, el lugar a inspeccionar tenía como objetivo la toma masiva del macizo en La Movediza, cuya conflictividad lejos aún está&nbsp;de resolverse en medio de un dilatado litigio que dejó&nbsp;en suspenso el desalojo.&nbsp;Al decir de las versiones que luego la propia Usina ratificó, se había solicitado el acompañamiento policial frente al riesgo que implicaba el operativo, ante la posibilidad de toparse con gente hostil al verse acechada por el control.&nbsp;Para dicha diligencia, entonces, se había pedido la intervención judicial para contar con la orden que permitiese a los uniformados acogerla y efectivamente desplegar el accionar, cosa que llamativamente no ocurrió.La primera versión que corrió&nbsp;acerca de la negativa policial versó&nbsp;sobre&nbsp;el hecho de que el titular de la dependencia convocada adujo falta de personal para organizar el operativo. Más luego, la excusa vestida de explicación oficial señaló&nbsp;que en verdad no había llegado el oficio judicial para actuar en consecuencia.&nbsp;Dicha negativa provocó&nbsp;un enfado manifiesto en los responsables de la Usina, que ya habían destinado una cuadrilla para realizar lo que habían anoticiado con antelación a las autoridades pertinentes.La difusa situación podría ser apenas una anécdota, pero no pocos observan detrás del telón, que algo huele mal entre la Usina, la Policía y la Justicia también. Tal vez la presión social alimentada por el incesante robo de cables haya tensionado a los actores intervinientes que, sin decirlo, evidencian desconfianza sobre cómo se emprenden los respectivos roles ante el complejo escenario, además de sospechas de connivencia.Y para colmo de males, una incomodidad gestada desde que el Ejecutivo eligió&nbsp;como eligió&nbsp;para ocupar determinados cargos. El Municipio es parte interesada de la Usina, quien de evidenciar una compleja conflictividad con la Policía podría generar que la secretaria de Protección Ciudadana, Vanesa Frías, con lazos familiares con la fuerza bonaerense, como el subsecretario el excomisario Rubén Frasi,&nbsp; quedarán ¿en medio? de un escenario más que fangoso.&nbsp;<h3>UNIDOS POR EL ESPANTO</h3>De un tiempo a esta parte, al menos lo que se expone desde las bancas del Concejo Deliberante, parece haber un entendimiento singular entre lo que hasta ayer representaban las fuerzas políticas mayoritarias en pugna en la ciudad, léase el radicalismo liderado por el intendente Miguel Lunghi y el justicialismo conducido por el diputado Rogelio Iparraguirre.&nbsp;Ya se ha expuesto en esta sección sobre las miradas recelosas de otros actores políticos que ven esta especie de alianza que, hasta ayer, parecía&nbsp;tener&nbsp;más que ver con una estrategia electoral, eligiéndose como adversarios electorales y procurando polarizar para despojarse de los terceros en discordia (léase el nicolinismo, el vecinalismo, el PRO y los que circunstancialmente se animaran a la contienda).&nbsp;Pero lo que ayer era meramente electoral, también se trasladó&nbsp;a la coyuntura deliberativa, en la cual se supo citar ejemplos concretos sobre esta&nbsp;“alianza”. Desde el tratamiento del presupuesto, el proyecto&nbsp;–después frustrado- del centro de convenciones y otros asuntos.&nbsp;Pero hay más. El actual escenario político nacional, con la irrupción del fenómeno Milei, parece haber aún aceitado más esa relación, y lo que hasta ayer parecía una&nbsp; estrategia de poder, pasó&nbsp;a ser una comunión de ideas, discursos, ante lo que representan los idearios, valores, del Presidente y sus libertarios.&nbsp;Con repasar lo escuchado en los micrófonos de la radio de El Eco durante la semana que queda atrás alcanza para dimensionar las coincidencias de distintos referentes, desde el propio Miguel Lunghi, el diputado Rogelio Iparraguirre y los concejales Juan Salceda y Darío Méndez.&nbsp;En efecto, palabras más, palabras menos, escucharlos, a sus modos, no hicieron más que trazar una crítica mirada sobre las formas y el fondo del liderazgo del actual Presidente, quien a decir verdad, nunca tuvo empacho en disparar sin piedad contra Alfonsín y los Kirchner.&nbsp;Manteniendo sus maneras y sus miradas de la política, los dirigentes citados coincidieron en un todo en su diagnóstico acerca de que había una demanda de cambio, pero no de esta manera.El espanto que les provoca el nuevo liderazgo y su actual fortaleza los inquieta y los une en la misma vereda, con una salvedad: si bien se coincide en no compartir el modelo de país, de sociedad, que proponen Milei y los suyos, por lo bajo sí&nbsp;desde el kirchnerismo reconocen que el coraje del actual mandatario nacional les provoca cierta nostalgia y envidia, incluso le ven un perfil que les recuerda al primer Néstor Kirchner a la hora de la concepción del poder, detalles ante el que los radicales se ubican en las antípodas.&nbsp;Los más memoriosos incluso recordaron una frase que el propio pediatra soltó&nbsp;en la previa de la visita del por entonces presidente Néstor Kirchner, al inaugurar la réplica de la Piedra Movediza. Por aquellos días, recordaron, cuando la relación con Nación estaba de parabienes, el jefe comunal supo decir que más allá&nbsp;de las pertenencias partidarias irrenunciables, en definitiva pertenecían al mismo campo popular y progresista…<h3>SE PERDIERON SEIS MESES</h3>Tras el reclamo constante del Consejo Interuniversitario Nacional -que integra la Unicen-, el gobierno nacional cedió&nbsp;y prometió&nbsp;acceder a la demanda de un aumento en las partidas para gastos de funcionamiento. Cabe recordar, desde comienzo de año que la Universidad se encuentra movilizada y en estado de alerta por el congelamiento presupuestario que afecta no sólo a las actividades básicas de las casas de estudio -pagar las facturas de luz, por ejemplo- sino también a los salarios docentes.Marchas, paros y algunas manifestaciones históricas como la del pasado 23 de abril, pusieron el tema en agenda pública y las autoridades centrales no pudieron esquivar el pedido.&nbsp;Finalmente, informaron que enviarán las partidas para el funcionamiento. Todavía se trata de una promesa, aunque todo indica que en el corto plazo se concretará&nbsp;y las casas de altos estudios pasarán a contar con los recursos. La cuestión salarial docente es tema aparte, y el alerta continúa; de hecho se anunció&nbsp;una nueva jornada de protesta.Por los pasillos de la Unicen se mostraron satisfechos por la noticia. Pero sin embargo, una pregunta sobrevolaba en las oficinas del Rectorado y el Campus. ¿Por qué&nbsp;el Gobierno tardó&nbsp;tanto tiempo en tomar la decisión de actualizar las partidas?&nbsp;“Perdimos seis meses”, comentaron. En fin, el aumento se anunció y más allá&nbsp;del tiempo transcurrido, la Universidad pública sigue en funcionamiento, por lo menos hasta diciembre.<h3>NUEVA DUPLA EN EL SANTAMARINA</h3>Tras un período agitado en el Hospital, con el conflicto de los oncólogos como punto candente, parece que la conducción de Salud comienza a transitar aguas más calmas. En abril, asumió&nbsp;como director médico el doctor Guillermo Pizzorno, tras la renuncia de Ignacio Coccio como coletazo lógico del proceso de dimisión masiva, negociación y reincorporación de los tres médicos del Servicio de Oncología y el impacto que la situación tuvo en la comunidad.&nbsp;Ahora, casi 45 días después, la presidenta del Sistema Integrado de Salud, Cecilia Martens, procedió&nbsp;a asignar el cargo de director médico asociado&nbsp;–en este caso, a una médica- para el Hospital Santamarina, recomponiendo la dupla para afrontar la ardua tarea de conducir el centro asistencial, más aún, frente al incremento de la demanda y en tiempos de escasos recursos.La elegida es la doctora María Alejandra Caputto, reconocida por su gran labor en el Servicio de Terapia Intensiva, pero además muy querida por sus pacientes en consultorio, sobre todo los afiliados a Pami.&nbsp;La función en la dirección será&nbsp;ad honorem, conservando su cargo de planta pero ahora afectada a las tareas de gestión y en la categoría de personal político sin estabilidad.&nbsp;<h3>REGRESO A CASA</h3>En paralelo, se confirmó&nbsp;el regreso de una médica que tuvo un rol central durante la pandemia de Covid-19. Las consultas permanentes de los medios y sus conocimientos como infectóloga hicieron que Florencia Bruggesser se convirtiera en alguien muy cercano para la comunidad local.&nbsp;Tras la crisis por el Covid, la doctora Bruggesser -que también era directora médica de la Clínica Chacabuco- había asumido un cargo en el Ministerio de Salud de la Nación. Terminado su contrato, y en tiempos de&nbsp;“motosierra”, solicitó&nbsp;retomar su rol en el Hospital Santamarina, donde la esperaban con los brazos abiertos ante la falta de profesionales médicos de varias especialidades.&nbsp;Así, a partir de ayer, la médica asumió&nbsp;como jefa del Servicio de Infectología del Hospital Santamarina, dentro del Sistema Integrado de Salud Pública.&nbsp;&nbsp;

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