La Constitución más igualitaria del país

Afuera ya no hay sol. Adentro, desde el comienzo del día, no se distinguen las horas. Se leen artículos de lo que será una Constitución, las cabezas se agachan y se fuerzan los ojos que vigilan los acuerdos. Cada tanto, se detiene y reinicia la melodía de la lectura, salen y entran palabras, se vacían bancas y vuelven a llenarse.
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Accedé a las últimas noticias desde tu emailHacer una Constitución, donde se exhiben casi sin piel las venas del poder, parece una obra de cálculo sin emoción. Aunque, a veces, irrumpen desvíos.
Algo de eso ocurrió esa noche cuando la Convencional Victoria Tejeda, ministra de Igualdad y Desarrollo Humano de la Provincia de Santa Fe, presentó la propuesta de medidas de acción positiva ante la Comisión de Declaraciones, Derechos y Garantías de la Convención Reformadora.
Sin tono pretencioso, con las palabras que se escriben en el aire como si quien lo hace las hubiese inventado. Porque son palabras que vienen de otro lugar.
Un par de semanas después, el clima se reeditó y fue sellado con una continuidad de interrupciones. Una continuidad poco probable en recintos atormentados por las corporaciones que pretenden colarse. Una serie de interrupciones porque cada razón se unía a las demás sin resignar su singularidad.
El senador Osvaldo Sosa pidió al Presidente del Cuerpo que esta cláusula se votara de pie. Y así fue, con una amplísima mayoría, poniéndole los pelos de punta a la solemnidad.
Damián Schwarstein, periodista rosarino, definió como “contracultural” a la Convención Reformadora de Santa Fe. Se refiere, entre otras cosas, a que mientas el clima de época marca el ritmo de la antipolítica, el insulto a los derechos y el desprecio al Estado, este proceso advirtió que aún es posible otra cosa.
Las medidas de acción positiva que ahora integran el artículo 13 de la Constitución de Santa Fe parten del reconocimiento de la existencia de desigualdades estructurales que limitan el goce pleno de los derechos de las personas y consagran un compromiso del Estado para reducir sus efectos negativos, en especial, respecto de determinados grupos históricamente desaventajados. Allí se mencionan a las niñas, niños y adolescentes; a las mujeres y diversidades; a las personas con discapacidad; a las personas mayores; a las juventudes; a los pueblos indígenas; a las personas en situación de pobreza e indigencia; y a quienes sufren discriminación por motivos geográficos.
Es la primera vez que un texto constitucional provincial se expide a favor de una concepción distinta de la igualdad, superadora de aquella tradicional que se limitaba a prohibir el trato discriminatorio o arbitrario. Ahora, la igualdad comprende la consideración de las personas en tanto integrantes de grupos que, por factores diversos y complejos, se encuentran en condiciones de desventaja estructural. Es decir, que a la hora de evaluar lo que debe hacer el Estado no basta con exigirle que se abstenga de discriminar o de consentir prácticas discriminatorias, sino que pesa sobre él la obligación de atenuar los efectos de las desigualdades.
No es lo mismo, a los fines del acceso a los derechos, tener una discapacidad que no tenerla; haber nacido en un lugar desfavorecido que en otro; portar los genitales sobre los que se ha construido un género al que se le atribuyen los roles más desconsiderados de la sociedad, que portar aquellos a los que se les abren las puertas del poder y la estima pública, entre muchas otras causales de desigualdad.
La igualdad definitiva, plena, matemática, es una ilusión e, incluso, sería problemática e injusta. Pero sí es urgente fundar una idea de igualdad configurada a partir de las diferencias y orientada a que el Estado no cierre los ojos frente a todas las jerarquías que se han forjado sobre la base arbitraria de los sexos, los géneros, las edades, el estado de salud, el origen geográfico y la situación económica de las personas.
Las discusiones más acaloradas de una reforma constitucional se concentran en la distribución del poder, en cómo disciplinarlo y, por momentos, parecieran olvidar que el Estado y toda su ingeniería tiene una única razón de ser: que las personas vivan mejor, que vivan bien, que tengan una vida digna de ser vivida. En pocas palabras: que tengan derechos en la mesa.
Desde luego que los derechos cuestan dinero y, para hacerlos realidad, las cuentas públicas deben estar en orden, hay que extirpar la corrupción, evitar el despilfarro y ser eficientes en la gestión. Ahora bien, alguien tiene que definir el norte, el sentido de todo lo anterior, decirles a los esforzados por las cuentas que ese esfuerzo tiene un fin. Para eso están las Constituciones.
La Constitución de Santa Fe de 2025, definitivamente, lo dice con contundencia, porque lo primero que se lee al abrirla son los trazos de ese horizonte, la carta de derechos más amplia y sensible al contexto de la República Argentina. Pero también, un texto ordenado, con principios que orientan la actuación del Estado y lo ponen cara a cara con la ciudadanía.
Con emoción y responsabilidad, y con un impulso contracultural, estamos ante la primera Constitución del país en establecer el principio de paridad de género, las medidas de acción positiva sustentadas en un concepto necesario de igualdad estructural, la protección de la pluralidad de voces y de la actividad periodística, la promoción de la ciencia como un derecho, el resguardo de los derechos digitales y tantas otras primeras veces en las que se dice algo con fuerza constitucional.
Victoria Tejada dijo en su último discurso que las medidas de acción positiva no eran un artículo más, que tenían rostro, como todos los derechos. Son los rostros por los que vale la pena una Constitución, por los que vale la pena la política y por los que vale la pena que, aún quienes suelen estar enfrente, crucen la calle para poder mirarse y mirar a los que esperan que una norma jurídica sea algo más que un reducto de tensiones aisladas.
Para que algo de todo lo malo cambie, para sacar a tantos de la oscuridad, hace falta más que un puñado de cláusulas en una Constitución provincial. Pero, que la política haya encendido este fuego hace que falte un poco menos.