Los silencios también hablan

Hay silencios que cuidan. De hecho, son necesarios. Cuando una persona atraviesa una situación de violencia por motivos de género, preservar su identidad, respetar sus tiempos y evitar cualquier exposición innecesaria es una condición básica para que pueda hablar. Sin ese cuidado, muchas veces la denuncia ni siquiera sería posible.

Pero no todos los silencios cumplen esa función. Hay otros que, casi sin advertirlo, empiezan a proteger algo distinto. Y ahí es donde vale la pena detenerse. Porque una cosa es cuidar a quien denuncia y otra muy diferente es que ese mismo silencio termine preservando el prestigio, la autoridad o el lugar de poder de quien fue señalado. La diferencia parece pequeña, pero cambia por completo el sentido de la discusión. No se trata de reclamar escraches ni condenas anticipadas. Tampoco de desconocer el derecho de cualquier persona a defenderse o a que los hechos sean investigados con todas las garantías. Pero el debate nunca pasó por ahí.

La pregunta es otra. ¿Qué hacen las organizaciones, los medios, las universidades, los sindicatos o los movimientos sociales cuando una denuncia alcanza a alguien que ocupa un lugar de reconocimiento? ¿Qué decisiones toman? ¿Qué comunican esas decisiones, incluso cuando creen que no están diciendo nada?

Hace poco volvió a discutirse a partir de un caso ampliamente conocido. Un periodista, columnista y especialista en política internacional, sobre quien pesan múltiples denuncias públicas por violencia de género, fue convocado nuevamente para analizar la coyuntura internacional. El ejemplo no importa por sí mismo, sino porque dejó al descubierto un mecanismo que aparece una y otra vez. Bastó que algunas mujeres señalaran la contradicción para que la conversación cambiara de eje. Las denuncias dejaron de ocupar el centro de la escena. También quedó en un segundo plano la responsabilidad ética de quienes habían decidido ofrecerle ese espacio. En cambio, comenzaron a repetirse otros argumentos: que era una voz importante, que sabía mucho del tema, que su trayectoria era indiscutible, que una cosa eran las denuncias y otra muy distinta su capacidad profesional. Y, casi sin darse cuenta, el foco dejó de estar donde había empezado.

No deja de llamar la atención que eso ocurra con tanta frecuencia. Cuando quien es denunciado tiene prestigio, una larga trayectoria o un lugar ganado dentro de un espacio, la conversación cambia. Se empieza a hablar de sus libros, de sus investigaciones, de su experiencia, de su inteligencia o de su capacidad profesional. Como si todo eso pudiera ubicarse en un plano completamente separado de las violencias denunciadas. Con otras vulneraciones de derechos no suele hacerse el mismo ejercicio.

Difícilmente alguien proponga entrevistar a una persona condenada por corrupción para hablar de transparencia institucional. Resulta evidente que una invitación nunca es un acto neutro. Elegir una voz también implica construir legitimidad. Sin embargo, cuando las denuncias tienen que ver con violencia por motivos de género aparecen los matices. "Hay que separar la obra del autor. -  "No podemos perder una voz tan importante. - Lo relevante es lo que viene a explicar. No confundamos la vida privada con la capacidad profesional.” Son frases que se escuchan una y otra vez. Y vale la pena preguntarse por qué aparecen justamente en estos casos. ¿Por qué algunas violencias parecen admitir excepciones y otras no?

Tal vez porque, aunque hace décadas se afirma que la violencia de género constituye una violación a los derechos humanos, todavía cuesta asumir todas las consecuencias de esa afirmación. Se repite en documentos, protocolos y discursos institucionales. Pero cuando ese principio entra en tensión con una figura prestigiosa o con un dirigente importante, empiezan las excepciones. Ahí aparece una jerarquía silenciosa de derechos. No hace falta que nadie la enuncie. Se expresa en las decisiones que se toman, en los debates que se postergan y en aquello que siempre parece poder esperar un poco más. Ese mecanismo no pertenece solamente al periodismo.

También atraviesa organizaciones populares, sindicatos, universidades, partidos políticos, cooperativas y tantos otros espacios que construyeron su identidad alrededor de la defensa de la igualdad y los derechos humanos. Quizá por eso resulte más difícil advertirlo. Porque nadie espera encontrar esas contradicciones en lugares que hicieron de la justicia social una bandera. Sin embargo, es precisamente ahí donde la discusión se vuelve indispensable.

No alcanza con tener protocolos o declaraciones de principios si, llegado el momento de decidir, el peso de una trayectoria termina condicionándolo todo. Hay una diferencia enorme entre cuidar a una víctima y cuidar una estructura de poder. La primera obligación no admite discusión. La segunda merece ser discutida. Preservar la identidad de quien denuncia no impide revisar responsabilidades institucionales, preguntarse qué lugar debe ocupar quien fue denunciado o debatir qué mensajes transmiten las decisiones que se toman. Confundir esas dos cuestiones termina produciendo un efecto paradójico: una política pensada para cuidar puede convertirse, sin querer, en una política de inmovilidad.

Quienes integran organizaciones saben que estas discusiones nunca son cómodas. No se debate sobre personas desconocidas, sino sobre compañeros, dirigentes, referentes o personas con las que se compartieron años de trabajo, de militancia y de vínculos. Tal vez por eso resulte tan difícil sostener los mismos principios cuando el conflicto aparece de este lado.

Pero justamente ahí se juega la coherencia.

No es suficiente con denunciar las violencias que ejercen otros. Lo verdaderamente difícil es sostener el mismo estándar cuando la violencia interpela a quienes comparten las propias ideas, la historia común o los espacios de pertenencia. Es allí donde los principios dejan de ser una declaración y empiezan a convertirse en una forma de actuar.

La perspectiva de género no es un documento institucional, ni en una declaración bien escrita. Se demuestra cuando orienta decisiones concretas. Cuando obliga a hacerse preguntas incómodas sobre personas a las que se respeta, sobre espacios que se sienten propios y sobre relaciones que sería más fácil no revisar.

Implica discutir poder, privilegios, lealtades y formas de construir autoridad. También implica aceptar que ninguna organización está exenta de reproducir las mismas desigualdades que denuncia. Asumir esa posibilidad no debilita los proyectos colectivos; por el contrario, los fortalece, porque los vuelve más honestos y más coherentes con los valores que dicen sostener.

Quizá de eso se trate. De entender que la igualdad deja de ser una consigna cuando empieza a orientar las decisiones, incluso las más difíciles. Porque, si la perspectiva de género no es capaz de interpelar también los propios espacios, corre el riesgo de quedarse en el plano del discurso. Y los discursos, por sí solos, nunca transformaron la realidad.

Por Soledad Restivo | Lic. en Comunicación Social especialista en Comunicación Institucional.

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