Tal se vio detallando en ediciones pasadas, tras la audiencia de cesura en que fiscal y defensa debatieron sobre la pena a imponer ante el veredicto de culpabilidad que había emitido el jurado popular, faltaba el turno del juez Albino Gallicchio a la hora de imponer la pena.

Como se consignó oportunamente, mientras que el fiscal Gustavo Morey consideró que Emmanuel Marino debía purgar 14 años de prisión por matar al joven Gianfranco Adaro, el defensor Pablo Molina pidió la mínima escala penal que cabía para el veredicto de homicidio que había resuelto el jurado integrado por vecinos.

A más precisiones, un jurado popular declaró culpable a Emmanuel Marino del homicidio de Gianfranco Adaro.

Con respecto al condenado, las partes acordaron que Marino el 12 de junio de 2023, alrededor de las 1.15, egresó de su domicilio de calle Chienno 271, portando un arma de fuego de puño, tipo pistola, cargada y apta para producir disparos.

Como consecuencia de esos disparos, uno de estos impactó en la parte posterior de la cabeza de Gianfranco Adaro, quien cayó mortalmente herido junto a un trozo de cable de varios metros de longitud en la esquina de calles Chienno y Cabral.

Gianfranco Adaro murió por destrucción de masa encefálica en ambos hemisferios cerebrales y fallo neurológico agudo.

El homicidio doloso

Tal se detalló durante las crónicas del debate resuelto por el jurado, lo medular del entuerto no versaba sobre la autoría de Marino del crimen, pero sí si el mismo se produjo con dolo o con culpa.

El juez fue muy didáctico al explicarle a los 12 vecinos que integraron el jurado para que entendieran la diferencia de una tipificación y la otra, lo que en definitiva dejaba o no tras las rejas a Marino.

Así, el magistrado explicó que para tener por probado el delito de homicidio doloso, la Fiscalía deberá probar más allá de toda duda razonable los siguientes elementos: Que el acusado realizó una acción claramente dirigida a causar dicha muerte y que la acción emprendida resultaba adecuada para matar a la víctima.

Que el acusado tenía la intención de causar la muerte de Adaro.

Que con su conducta puso en considerable riesgo la vida humana, sabiendo que la muerte es una consecuencia posible y no hizo nada para evitarlo.

Así, se requiere que el autor conozca que la acción emprendida y los medios seleccionados no solo resultan adecuados para causar la muerte de una persona, sino que tenga dominio sobre ellos, y aun así quiera realizar la acción. Intención de causar la muerte es “intención de matar” y a esa intención se la llama “dolo”.

“El dolo es la voluntad de realizar la conducta contra la humanidad de otra persona, sabiendo que puede causarle la muerte, guiado por el conocimiento efectivo y actual de estos mismos elementos que describimos –disparo, arma, otra persona, causar muerte-“, indicó el juez, agregando al respecto que el dolo es “saber y querer”.

Gallicchio citó un ejemplo: quien tiene relaciones sexuales con una persona menor de 13 años, en el momento de su acción no está pensando en la edad de la víctima ni en su partida de nacimiento, sin embargo, si lo sabe o le resulta evidente, no puede dejar de pensar la edad, lo que no significa que esté reflexionando sobre ello.

A más explicaciones, indicó que el dolo puede ser de dos tipos: directo, que es el que se ha explicado anteriormente, y el dolo eventual, que es aquel en donde el autor se representa la posibilidad de que con su acción el resultado -muerte- se produzca y la acepta, sin importarle si este se produce., actúa a costa de su producción: si pasa, mala suerte; si sucede, que se la aguante. La actitud subjetiva sería: no me importa.

El homicidio culposo

Siguiendo con las instrucciones que oportunamente el juez le informó al jurado, se explicó que si se trataba de un homicidio culposo los vecinos debían considerar que la fiscalía había logrado probar más allá de toda duda razonable que la muerte de Adaro no fue causada con intención de dar muerte, sino que fue por actuar negligente o culpable de Marino Etchegaray. Por negligencia se entiende todo acto u omisión en la que no se tomó el cuidado que hubiera tenido una persona normalmente prudente para evitar el resultado. La actuación imprudente, no intencional, es la que constituye la negligencia. Lo que caracteriza al delito culposo o negligente es que el autor no quiere el resultado -muerte en este caso- no lo ha aceptado, no ha tenido esa intención ni forma parte de su plan, sino que “el resultado lesivo se produce a partir de una acción descuidada, negligente, torpe, apresurada, irresponsable del autor”.

Atenuantes y agravantes

Retomando el debate técnico de las partes a la hora de resolver la pena a imponer, oportunamente el fiscal y la defensa acordaron como atenuantes que se valore el buen concepto que ha merecido el causante en su ámbito de relaciones. Se solicitó a su vez que se compute en el mismo sentido que no tenía antecedentes previos computables.

Sobre los agravantes, el fiscal pidió que se valore "la innecesaria acción desplegada por Marino”. Al respecto amplió que “se intentó inferir que fue con motivo de la comisión de un delito previo, cosa que no ocurrió así y se acredito en el debate, ya la acción había acontecido, finalizado, los autores ya se encontraban en fuga y Marino no podía detenerlo".

El defensor por su parte, enfrentó el argumento expresando que no se puede tener en cuenta en razón de encontrarse abarcado por el dolo. Respecto de ello, entonces, el juez estimó que no le asistía razón al defensor, por cuanto la cuestión de la motivación de la acción de su defendido ya fue analizada y a su respecto se expidió el jurado popular.

“No obstante, no puede dejar de advertirse que en la tesis defensista que campeó a lo largo de toda la audiencia de debate se apuntó a la situación que experimentaba el barrio y el hartazgo de los vecinos de resultar víctimas de permanentes actos de inseguridad. Más ello no se compadece con el escenario revelado en el juicio”, afirmó el juez.

Se pudo observar con claridad a la luz de las videograbaciones como Marino disparó a escasa distancia a los dos sujetos que se transportaban en un ciclomotor, y que habían tomado un cable que ya se hallaba cortado, y que permanecía tendido sobre la vereda. Por lo cual la acción desplegada, con Adaro y su compañero emprendiendo retirada del lugar, resultó “absolutamente innecesaria para evitar un hecho delictivo”.

El fiscal también aludió a "la indiferencia puesta de manifiesto por Marino hacia su semejante, concretamente hacia Adaro en razón de haber pasado a su lado al momento de la huida y nada hizo en pos de la ayuda en función de lo que había provocado".

Además, solicitó el acusador público que se valore "el entorpecimiento probatorio acreditado en función de las maniobras posteriores que realizara a pocos minutos de acontecido el hecho, de hacer desaparecer el arma de fuego que de haberla tenido se hubiesen podido conocer sus características y condiciones de funcionamiento, como también la posibilidad o aptitud técnica del arma para efectuar disparos a distancia; como así también hacerse presente en el domicilio de la dueña del complejo de departamentos que tenía cámaras de vigilancia a fin de interiorizarse por las mismas, configurando todas esas circunstancias una mayor peligrosidad en su conducta".

Gallicchio compartió con el fiscal que Marino descartó el arma en un lugar de difícil recuperación (el Lago del Fuerte), lo que resultó suficiente para asumir que Marino tenía la intención de evitar las consecuencias de su acción, o colocarse en una mejor posición procesal ocultando prueba, lo que resulta demostrativo de una mayor peligrosidad.

En conclusión, finalmente el juez resolvió imponer la pena de doce años de prisión, inhabilitación especial para portar armas por el doble de dicho plazo, como autor penalmente responsable del delito de “Homicidio agravado por el uso de arma de fuego y portación de arma de fuego de uso civil en concurso ideal”.

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