Allanaron geriátrico que funcionaba de forma clandestina en Pinto al 1300

En el lugar había un total de siete jubilados a los que un médico revisó y constató en buen estado de salud. La casa no tenía ningún tipo de habilitación y su dueña había impedido distintas inspecciones municipales. Este miércoles se producirá la clausura definitiva y las personas alojadas serán derivadas.

El Eco

En la mañana de ayer se concretó un allanamiento en un geriátrico que funcionaba de manera clandestina, según corroboró la investigación, en el domicilio de Pinto 1354. El caso comenzó con denuncias anónimas realizadas que daban cuenta de presuntos malos tratos a los adultos mayores, circunstancias que no pudieron ser comprobadas.

Según confiaron las autoridades, sí llamó la atención que la propietaria del lugar, Graciela Curuchet, cada vez que se intentó realizar una inspección para requisar la propiedad, nunca se pudo realizar ya que se impedía el ingreso aduciendo que se trataba de una vivienda de familia en la que no existía ningún tipo de geriátrico.

La investigación, al tomar conocimiento de aquella denuncia sobre el posible maltrato, consiguió una orden de allanamiento del juez de Garantías José Alberto Moragas, a pedido del fiscal Damián Borean, que se concretó en la jornada de la víspera y la llevaron a cabo efectivos de la DDI a cargo del comisario Jorge Miguel Maugere.

Cerca de las 9  llegaron los uniformados hasta el mencionado lugar con la orden en mano, por lo que la propietaria no se pudo oponer el requerimiento de la autoridad, quien certificó que el lugar funcionaba como un geriátrico, sin la debida habilitación. Asimismo, se contabilizó un total de siete adultos mayores en su interior, cinco hombres y dos mujeres,  quienes se encontraban en óptimo estado de salud.

Negocio que crece

La responsabilidad de tener un geriátrico implica mucho más que ofrecer una buena alimentación y un buen trato a aquellas personas que confían en el lugar.

Una familia puede llegar a tener que abonar mensualmente entre 20 y 30 mil pesos por la contraprestación del servicio de atender a su ser querido. Sin embargo,  no tener ningún tipo de habilitación, no solo excede a las inspecciones de rutina que se realizan, sino que a su vez ponen en peligro a aquellos internos.

En este tipo de casos, lo que un familiar debe requerir es la habilitación municipal, después la de Provincia, que se obtiene en el Ministerio de Salud y a su vez el lugar debe inscribirse en la Superintendencia de Servicios de Salud. Además debe contar con la habilitación de Bomberos, el seguro de responsabilidad civil y un proyecto institucional que contemple todas las actividades para los allí internados.

En cuanto a los requisitos edilicios, son varios. Baños para discapacitados, puertas antipánico; espacios físicos y mobiliarios fáciles de limpiar. Las habitaciones deben tener una determinada dimensión, y en función de ello, distribuir las camas. También una oficina de enfermería exclusiva para el médico y la enfermera. Las camas deben tener determinada altura. Los colchones tendrán que contar con una densidad establecida. Cada cama deberá tener una mesita de luz, con un espacio inferior para el calzado. En cuanto a las sillas, pueden ser una cada dos camas. Y los lugares para guardar ropa y accesorios tendrán que contar con módulos individualizados para colgar y guardar ropa, respectivamente. Asimismo, espacios para comedor y actividades recreativas o terapéuticas.

En cuanto a los servicios que un geriátrico ofrece, debe contar con suficiente alimentación, adecuada y variada, cuya fijación en función del internado tendrá que estar establecida por un nutricionista. Ropa de cama en condiciones y un stock de reserva, compuesto por frazadas, sábanas, toallas y toallones.

Otra de las exigencias es contar con un equipo de profesionales conformado por médico, asistente social, terapista ocupacional, nutricionista, enfermera profesional y auxiliar de enfermería, mucamas y asistentes geriátricas. Algunos hogares también cuentan con un profesor de educación física y musicoterapeuta. Asimismo, los que tienen control psiquiátrico también deberán contar con un médico de esta especialidad. Al ser tan exigente la habilitación para abrir un geriátrico, se buscan otras alternativas bajo el nombre de residencia o centro de día, un maquillaje como para poder funcionar y eludir ciertos requerimientos que se piden.

 

Fuera de la ley

 

En este caso, en la casa de Pinto 1354 no había nada y las familias de cada una de las personas alojadas abonaban por un servicio en donde podía estar en riesgo la vida de alguna persona. Esta práctica de abrir lugares para atender a abuelos ha crecido en el último tiempo en la ciudad, aunque no al extremo de no contar con ningún tipo de trámite como para obtener una habilitación en el futuro. En la actualidad hay 56 geriátricos entre habilitados y en trámites para ser habilitados que albergan a unas 630 personas.

Centrándonos en este caso y por lo averiguado, la suma que los familiares pagaban era menor a los 20 mil pesos por persona, y como comprobante se le entrega un recibo comprado en una librería sin membrete de ninguna índole.

 

Clausura

 

Durante este miércoles llegarán a Tandil funcionarios de la Dirección de Fiscalización Sanitaria del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, quienes procederán a la clausura preventiva del geriátrico en cuestión. Una vez notificados los familiares de los pasos a seguir, las siete personas que estaban al cuidado de Graciela Curuchet serán derivadas a otros lugares.

 

Luján Brito aseveró que “ningún lugar

puede estar de manera ilegal”

La directora de Extensión e Integración Comunitaria, Luján Brito, habló en el programa “No hay dos sin tres” (104.1 Tandil FM) sobre lo acontecido y señaló que “fuimos convocados por la DDI y la fiscalía por una actuación que estaba prevista desde hace quince días, donde nos venían pidiendo algunos informes”.

Aseveró que “no es un lugar que estuviera habilitado, veníamos haciendo un seguimiento desde hace un tiempo y tuvimos intenciones de ingresar, pero al no estar habilitado como un comercio y ser una propiedad privada nos impedían el ingreso. Esto lo hemos informado a la provincia de Buenos Aires y con copia al Juzgado que se remite a fiscalía. Además de la denuncia nuestra por no poder ingresar y por trabajar sin habilitación, la denuncia anónima que hablaba de maltrato a los abuelos desencadenó que el fiscal Borean solicitara la orden de allanamiento”.

Contó que “la intervención que realiza el Municipio es a través de la ley de geriátricos que se implementó en 2012 y la autoridad de aplicación es la Dirección de Fiscalización Sanitaria del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, que habilita y clausura dichos espacios. Desde el Municipio somos órgano de contralor, tenemos controladores sanitarios que van haciendo recorridas por los lugares y elevando informes. Eso fue presentado y hay hasta una intervención de la DDI de La Plata por este tema”.

Detalló que “en esta ocasión la dueña del lugar tuvo que habilitar el ingreso ya que había una orden del juez Moragas”, para luego añadir que “nos encontramos con siete abuelos, cinco hombres y dos mujeres. Fuimos con el médico legista para constatar el estado de salud, que era óptimo según confirmó el fiscal  a quien se le elevaron los informes”.

Remarcó que “cada una de las personas tiene familiares de referencia y serán ellos los que produzcan el egreso. El Municipio hace la presentación formal y se producen los egresos, de todas formas los familiares que se fueron acercando se los notificó de lo que sucedía”.

 

Preventiva

 

En cuanto al lugar indicó que “tiene clausura preventiva porque no es tan fácil hacer los traslados de las personas alojadas. Cuando hoy  llegue el equipo de la provincia de Buenos Aires se producirá la clausura definitiva, es decir se colocará la faja”.

Puntualizó que “lo que hay que tener en claro, y es lo más importante, es que ningún lugar puede estar en condiciones ilegales porque hay muchas cosas que tenemos que controlar, desde el sistema eléctrico, los matafuegos, hasta los enfermeros, que nos permite ir haciendo un seguimiento. Que el lugar nos haya impedido el ingreso es un tema realmente grave. Los abuelos estaban en buenas condiciones pero no son las condiciones que exige la ley, ni nos permiten a nosotros hacer un seguimiento y las defensas de los derechos de estas personas ante cualquier irregularidad”.

Cabe señalar que en cuanto la sanción que le cae a Curuchet es la clausura, en cuanto a lo penal eso será trabajo del fiscal con el instructor que lo elevará al juez”.

Sobre el funcionamiento de la casa que oficiaba de geriátrico especificó que “la mujer dijo ser enfermera profesional y no se constató a otro personal trabajando en el lugar”. También señaló que “tenemos otro lugar que también funciona de manera ilegal y que abordaremos con la gente de Provincia que estará viniendo. De todas formas ellos llegan a la ciudad una vez al mes y hacemos un recorrido por lugares habilitados que requieren de un ajuste, o están comenzando, o ilegales. Ya en febrero de este año nos sucedió en una casa en la avenida Machado donde funcionaba otro espacio ilegal”.

Nota proporcionada por :

  • ElEcodeTandil

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