Comenzará el juicio por el operario accidentado en una planta cerealera y su esposa exige justicia

“Hasta que no se haga justicia no vamos a poder volver a ser lo que éramos”, confió Laura Harkes a pocos días de que se inicie el juicio por el accidente laboral que tuvo su marido cuando trabajaba en la planta Ceres Tolvas, el 28 de enero de 2013.

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Leandro Lugones trabajaba en la planta hacía 10 años cuando sucedió el fatídico hecho. Ese día, Lugones, de 36 años, y su compañero Marcos Bernazza, de 21, bajaron al pozo de la noria, que tiene 20 metros de profundidad, porque los habían mandado a limpiar cereal que había quedado estancado.

“Por falta de mantenimiento y diversas circunstancias, porque no tenían medidas de seguridad ni nada, eso explotó, provocándoles quemaduras; a Leandro en el 30 por ciento del cuerpo más las vías aéreas. Él se salvó de milagro. Salieron los dos juntos, pero su compañero se volvió a caer porque no había escalera guarda hombre y falleció”, explicó.

Y afirmó que “hubo otros chicos más que estaban arriba y sufrieron problemas en las vías aéreas, por intentar tenerlos a ellos para que no se volvieran a caer”.

La recuperación

El mismo día del accidente, Leandro Lugones fue trasladado a Buenos Aires por la ART, donde estuvo internado en terapia intensiva hasta el 20 de mayo del mismo año.

“Le hicieron injertos en los dos brazos, él tenía también el rostro quemado. Gracias a Dios estaba en un lugar que era de primer nivel, así que secuelas en la cara prácticamente no le han quedado; sí la movilidad en los dos brazos, donde tiene una discapacidad del 74 por ciento. Caminar él puede, lo que no puede es hacer distintos esfuerzos con los brazos, que cualquiera de nosotros podríamos hacer”, sostuvo.

Durante varios meses siguieron viajando a Buenos Aires para continuar con las atenciones que necesitaba, hasta que en mayo de 2014 fue dado de alta. Se suponía que en agosto debía volver a trabajar. La esposa dijo que el jefe se lo había prometido.

Pero cuando viajaron a Mar del Plata para que le hicieran la recalificación con el fin de determinar qué puesto de trabajo podían darle en función de la discapacidad que había sufrido, le comunicaron que habían recibido un mail donde decía que para Leandro Lugones no había puesto de trabajo disponible.

“El firmó en disconformidad porque no creía que no podía volver a trabajar. Obviamente que no iba a poder volver a estibar ni a levantar bolsas, pero ellos tenían la obligación de darle un puesto de trabajo, así sea para abrir la puerta, de seguridad, de lo que fuera, se había hablado de que él hiciera cursos de computación para poder ingresarlo a la empresa desde otro lado, pero todo se cayó, no hubo forma”, lamentó.

Posteriormente, recibieron el telegrama donde decía que pasaran a cobrar la indemnización correspondiente a los 10 años de trabajo. “Fuimos a buscar lo que supuestamente iba a cobrar y nos encontramos que había un recibo de cero pesos, no había nada para cobrar”, aseguró.

“Para nosotros fue terrible porque dependemos de un alquiler. Hasta que decidieran qué hacer con Leandro desde la ART teníamos que esperar unos meses, yo me dedicaba a hacer tortas pero el sustento de la casa era él, a nosotros nos ayudó mucho mi familia a bancar esos meses hasta que le pagaron de la ART”, afirmó.

“No salió nunca del pozo”

“Desde ese momento iniciamos un juicio por el despido y por la plata que le pagaban en negro, que era bastante, eso es lo que estamos peleando porque Leandro hoy está jubilado, tiene la jubilación definitiva, con un valor mínimo porque no están reconocidos ni siquiera los aportes. Al estar jubilado, él no puede volver a trabajar, porque automáticamente le sacan la jubilación”, indicó.

Expuso que “él esperaba que le dieran el puesto de trabajo o al menos que lo indemnizaran con lo justo. Psicológicamente es una persona inestable. Está medicado por los cambios de humor continuos que tiene, no salió nunca del pozo como dice él”.

“Hasta que no se haga justicia no vamos a poder volver a ser lo que éramos. Realmente la vida nos cambió. Es un día a día, no tenemos forma de decir ‘hoy arranco de nuevo’, porque no tenemos las herramientas. Gracias a ellos no tenemos las herramientas. No se acercaron nunca, tampoco quisieron arreglar, nunca ofrecieron nada”, aseguró.

Asimismo, explicó que “estaba mal registrado también, porque figuraba como peón temporario y era un trabajador regular, esto lo sabemos a raíz de que se pidieron peritajes informáticos, a la AFIP también. Arrancamos las dos causas en 2014, la del despido y la penal”.

“La penal la lleva la fiscalía, que esta pronta a salir también. Estamos esperando este juicio porque atrás, automáticamente, sale el penal, donde está la responsabilidad de la empresa y el (responsable) de Seguridad e Higiene que dio falso testimonio es el más comprometido, porque dijo que estaban las condiciones plenas para trabajar y no era así”, sostuvo.

Y argumentó que “no había arnés, no tenían medios de comunicación, porque generalmente se trabaja con radios. Uno lo aprende después de que te pasan estas cosas. Mi esposo ese día se tenía que ir a las 14 y a las 15 se tapó el pozo. Bajó y eran 20 toneladas de cereal podrido que había que sacar, porque no se mandaba a limpiar ni se hacían las tareas que se tenían que hacer, no se trabajaba con la seguridad correspondiente.”

“Ya se le había avisado en 2012 al presidente de Ceres Tolvas, Oscar Peñalva, que ahí no se podía bajar más, él firmó que el de Seguridad e Higiene le avisó que no estaba apto para que bajaran porque se junta gas. Ellos bajaron con una portátil. Ese día hacía mucho calor, y se fue derritiendo el cable que estaba todo encintado e hizo cortocircuito y al haber gas acumulado porque no había sistema de ventilación, explotó”, indicó la esposa del accidentado.

Y agregó que “en ese momento eran ellos dos, pero generalmente bajaban los cinco, que si hubieran bajado los cinco el cuento hubiera sido otro porque había una sola escalera”.

La causa penal está caratulada como “Estrago doloso”, como la resonante tragedia de Lapa.

La causa de la indemnización, despido y salario en negro tendrá su juicio este miércoles, a las 8.30.

“Es importante porque tienen que regularle la jubilación de acuerdo a lo que Leandro ganaba. Él está cobrando 10 mil pesos ahora y tenemos 7 mil de alquiler. Es difícil la situación, pero siempre estamos apoyados por la familia, gente que nos ayuda. La pareja del chico que murió también inició juicio”, indicó.

Por último, remarcó que “Leandro tiene la verdad, él se acuerda todo y lo único que pedimos es justicia porque, como todo, acá en Tandil se tapa. Yo quiero que esto salga a la luz, que se sepa cómo se trabaja en Tandil, que cualquier sobre debajo de la mesa tapa todo, y que ningún trabajador más muera en su puesto de trabajo”.